Si cualquier ciudadano que tiene acceso a internet entraba al menos hasta ayer, y probablemente hoy, al sitio del Consejo Supremo Electoral www.cse.gob.ni lo que se encontrará es lo que el CSE mandó a publicar hace días en un diario de circulación nacional: resultados supuestamente totales por municipio de cuántos votos recibió cada partido político. Esta publicación es contraria a la Ley Electoral. Con esta publicación el CSE está violando la Ley Electoral.
Esto no lo decimos, en un intento de desacreditar la “transparencia” del proceso electoral, ni mucho menos porque queremos desestabilizar al Gobierno, como les ha dado por decir en los últimos días. Lo decimos porque está en la ley. El artículo 129 de la Ley Electoral es claro en las obligaciones de ese poder del Estado en cuanto a los resultados de las votaciones: Arto. 129. El Consejo Supremo Electoral a medida que reciba los fax de transmisiones de actas o informes de los resultados del escrutinio, de inmediato los hará del conocimiento de los fiscales acreditados ante dicho Consejo y dará a publicidad informes parciales provisionales, detallados por Juntas Receptoras de Votos.
La clave aquí es: “Detallados por Juntas Receptoras de Votos”. Eso no ha sido informado al pueblo nicaragüense, pues lo único que los nicaragüenses saben oficialmente, ya sea porque lo leyeron en el periódico hace una semana o porque tienen la suerte de tener acceso a Internet, son los supuestos resultados totales, resultados que ni siquiera están detallados, pues por alguna extraña razón —una de tantas extrañas razones — el Consejo tampoco publica cuántos votos nulos hubo en cada municipio, ya no digamos en cada Junta Receptora de Votos (JRV).
El caso de Managua, que no es el único con problemas, como ya todo Nicaragua lo sabe, pero es emblemático para este tema en particular, los magistrados del Consejo Supremo Electoral han dado un salto que rompe todos los récords. En Managua pararon de contar y de presentar resultados cuando llevaban el 69 por ciento de las juntas contabilizadas, de ahí saltaron a un supuesto ciento por ciento que le da la victoria provisionalmente al candidato del Frente Sandinista, Alexis Argüello.
Ese resultado que presenta el Consejo en su página web, de nuevo sin presentar votos nulos, es una página escaneada que dice: Elección de Alcalde y Vicealcalde del Municipio de Managua Votos válidos por partido, lo acompaña un sello del CSE y los resultados son los siguientes: PLC 202,752 votos; FSLN 223,389 votos; PRN 2,065 votos; ALN 4,302 votos; AC 2,737 votos.
Como queda claro, además que es obvio que se violenta el artículo 129 de la Ley Electoral, los magistrados del CSE dejaron de presentar resultados junta por junta cuando llevaban el 69 por ciento de las 2,107 que funcionaron en Managua, o sea unas 1,450 y pasaron a presentar un total que no detalla las JRV. Hasta quitaron las 1,450 que ya tenían.
Ayer en el tono sarcástico que caracteriza al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, decía ante las cámaras del oficialista Canal 4 de televisión que “el candidato Montealegre sigue buscando 600 juntas, aquí las tenemos”.
Pero la verdad es que no es el candidato Montealegre el que sigue buscando las 600 juntas, cuyos resultados el Consejo Supremo Electoral nunca publicó como manda la ley. Son los ciudadanos de Managua en este caso y los de Nicaragua en el resto de municipios donde hay dudas sobre los resultados, los que están buscando los resultados junta por junta no porque les da la gana, sino porque así lo manda la ley.
Y es porque el CSE no está cumpliendo con la ley y porque la ciudadanía no siente confianza en la información proporcionada ni en los resultados anunciados, que prácticamente todos los sectores del país —a excepción del Frente Sandinista y sus organismos parásitos— están pidiendo que se coteje acta por acta pero con observación nacional e internacional, y una vez que eso suceda se debe cumplir estrictamente con lo que dice el artículo 129 de la Ley Electoral.
Mientras eso no ocurra este Consejo Supremo Electoral está en abierta violación de su propia ley y no podrá decir que este proceso fue limpio y transparente, ni que ese poder del Estado respetó la voluntad popular.
