Las turbas orteguistas, que moviliza el gobernante Frente Sandinista (FSLN) en Managua y otras ciudades del país para impedir cualquier manifestación política de la oposición, violan una decena de derechos individuales, políticos y sociales establecidos en la Constitución Política, según el jurista y experto en derecho constitucional, Gabriel Álvarez.
Desde el pasado 9 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones municipales en 146 de los 153 municipios del país, el FSLN ha movilizado a trabajadores del Estado y simpatizantes armados de garrotes, piedras, morteros y tiradoras para imponer el terror en León y Managua, principalmente.
El martes en la capital, las turbas orteguistas cercaron por los cuatro costados una concentración de la oposición que pretendía marchar en contra de los resultados electorales provisionales que consideran fraudulentos, por dar una cuestionada victoria al partido de Gobierno.
Los simpatizantes orteguistas y sus medios oficiales aseguran que estas concentraciones rojinegras se tratan de una expresión del pueblo que quiere defender el voto del FSLN.
Sin embargo, Álvarez dijo a LA PRENSA que “no es posible que se disfrace de celebración lo que en realidad es una obvia violación a los derechos de los demás nicaragüenses”.
IRRESPETAN LÍMITE DEL DERECHO
Según Álvarez, el estado de sitio a la capital impuesto por los orteguistas desde el lunes pasa por alto el principio básico de los derechos individuales que contempla la Constitución Política en el segundo párrafo de su artículo 24: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”, pues los simpatizantes de Ortega se creen los únicos con derecho a manifestarse y se lo impiden a otros.
El experto mencionó que algunos de los derechos constitucionales que violan estas concentraciones orteguistas son el derecho a la libre circulación y movilización, la libertad individual de expresarse como persona o de manera colectiva, y la seguridad e integridad física por el uso de armas cortopunzantes, piedras y morteros en contra de quienes no apoyan a Ortega.
Afirmó que también violan la libertad de comercio, porque la tensión y los enfrentamientos obligan al cierre de los negocios y por la misma situación se amenaza el derecho a la vida y se restringen los derechos a la educación y la salud, cuando los tranques impiden este acceso a las personas o éstas se limitan por temor a la violencia.
La crisis post electoral, surgida a partir de los cuestionados resultados electorales del CSE, ha dejado varios ciudadanos y policías heridos, cuantiosos daños a la propiedad privada y al comercio de la capital, que amenazan con aumentar debido al sitio que mantienen los simpatizantes del FSLN.
El jurista destacó que la violación a “una gran gama de derechos” no sólo es de los simpatizantes orteguistas hacia los simpatizantes liberales o de la oposición, sino en contra de toda la ciudadanía que se ve afectada.
Álvarez también criticó cómo el Gobierno y sus medios desarrollan un discurso en el que “se ha tratado de presentar a los victimarios como víctimas, porque dicen que los llegan a provocar, que el periodista los provoca, que el que pasa por las rotondas (donde hace meses acampan supuestos rezadores afines al Gobierno) los provocan y eso revela la visión antidemocrática del ejercicio del poder, de arrogarse y de creerse los llamados por la Divina Providencia y los únicos intérpretes de las necesidades del pueblo y que todo aquel sector que piense lo contrario se convierte en un oligarca, que no debe tener los mismos derechos que ellos”.
Según Álvarez, “el Gobierno profundiza la división de los nicaragüenses bajo un falso discurso de amor”, que responde en realidad a “una visión totalitaria que cree que sólo los sandinistas tienen derecho a protestar”, como lo plantea Ortega al llamar “pueblo” a sus simpatizantes y “oligarcas” a los demás.
