Atila, el rey de los hunos, parece haber reaparecido en Nicaragua disfrazado de líder de izquierda y cobijado estos días con el manto del fraude electoral.
En la Nicaragua de hoy, Daniel Ortega, quien gobernó el país en los años ochenta, y que volvió al poder con un 38 por ciento de los votos en las elecciones del 2006, es considerado como el líder que con solo dar una orden con su dedo, “no dejaría piedra sobre piedra” en el país.
Esta afirmación no la dije yo ni los demás ciudadanos nicaragüenses que estas semanas vemos en las calles de Managua a diputados, funcionarios y grupos de choque del partido de Gobierno que, armados con piedras, palos, machetes y bombas, hacen gala de la destrucción para “defender” el voto de las elecciones municipales del 9 de noviembre del 2008, empañadas por una serie de irregularidades, que hacen pensar que está de vuelta en América Latina el vergonzoso fraude electoral para legitimar las dictaduras.
El 13 de noviembre, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, o sea, el abogado del Estado, resumió así la situación que atraviesa Nicaragua: “Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles (a sus seguidores), no quedaría piedra sobre piedra sobre este país”.
Tras los primeros resultados que le daban la ventaja al candidato de Gobierno, el proceso electoral fue cuestionado por partidos políticos, fiscales, las Iglesias católica y evangélica, la sociedad civil y medios de comunicación, al estimar que se cometió desde “fraude” hasta “robo” de votos.
Ya se venía alertando desde semanas atrás de la peligrosidad sobre la ausencia de observadores nacionales e internacionales, intimidación a los votantes, uso de recursos del Estado para apoyar a los candidatos del Gobierno y control de las mesas de votaciones por parte de fiscales del partido en el poder. Pero nada de esto sirvió. Parecía como si Atila estaba en plena campaña de conquista.
Según Ética y Transparencia, que participó de las pasadas tres elecciones generales en el país, pero que este año fue apartado, el candidato de la derecha, Eduardo Montealegre, ganó la elección municipal con cinco puntos de diferencia. Sin embargo, para los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), fue el candidato de Gobierno quien alcanzó la victoria con idéntico resultado, erosionando la credibilidad del Gobierno y de sus instituciones.
Esto ha derivado en la peor crisis que vive Nicaragua en los últimos años, sólo comparada con las asonadas promovidas por el FSLN a comienzos de los noventa, cuando intentaron derrocar a la presidenta Violeta B. de Chamorro quemando edificios y tomándose las calles, a como ahora, para establecer un estado de miedo.
Ortega desde hace meses ha emprendido una campaña para acallar a adversarios, organismos, embajadores y representantes de la sociedad civil que ejercen una labor crítica sobre la implosión institucional en Nicaragua.
Ahora, tras las elecciones municipales, ha comenzado una batalla en las calles, donde a fuerza de palos, golpes, pedradas y machetazos, se impone la voluntad del Gobierno sobre la voluntad ciudadana y que, a como ha anunciado el Procurador General de la República, “no dejará piedra sobre piedra” en el país.
