El “boom” de las urbanizadoras en los alrededores de Managua continúa creando víctimas potenciales ante posibles desastres.
Esta vez la amenaza está en el valle de Ticomo, donde antiguos y nuevos habitantes podrían verse perjudicados por un deslizamiento de tierra, si no se toman las medidas de remediación ambientales.
Una inspección realizada ayer por la Procuraduría Ambiental, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y la Alcaldía de Managua, determinó que los movimientos de tierra de la urbanización Ticomo Sur crearon un impacto ambiental importante, que pone en riesgo a los pobladores, tanto de la parte baja como de la zona alta del lugar.
Según el procurador ambiental, José Luis García, durante la inspección el dueño de la urbanización, Pedro Joaquín Robleto, mostró permisos de la Alcaldía de Managua para lotificar y construir un camino peatonal en el contorno de la propiedad, de 100 manzanas.
El caso es que el camino mide cuatro metros de ancho, “y te imaginarás el impacto ambiental de un camino como éste en una propiedad de este tamaño”, comentó García.
Consultado al respecto, Robleto aseguró que no tiene problemas porque cuenta con sus permisos en regla, pero no quiso dar más declaraciones.
El director de Urbanismo y Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua, Gerald Pentzke, afirmó a LA PRENSA que extendió un permiso a Robleto para ejecutar una vía de entrada alterna a la que existe, pero no para una construcción mayor.
Gioconda Belli, una de las vecinas más afectadas y que conoce el sitio con precisión, aseguró que el camino construido por Robleto no tiene una salida alterna, sólo rodea la urbanización, y que el mismo propietario le informó recientemente que la idea era construir casas en las laderas.
García mencionó que el constructor necesitaba un permiso del Marena para ejecutar un proyecto de esta magnitud, pues escapa a la potestad de la Alcaldía de Managua.
El caso se complica porque ni siquiera el Marena podía haber dado permiso para despalar o construir en laderas de más de 60 grados de inclinación, ya que este tipo de acciones están penalizadas por la ley.
García lamentó que el Ministerio Público haya evitado participar en la inspección, pero aseguró que la Procuraduría le dará seguimiento de oficio y, si es necesario, acusará a la propia Alcaldía de Managua por extralimitarse en sus funciones.
La Procuraduría no sólo levantará un expediente para exigir al dueño los trabajos de remediación necesarios.
El procurador García aseguró que investigarán a la Alcaldía para ver si le solicitaron los permisos ocultando información, si le mintieron o si los emitió sin tener potestad para hacerlo.
Por otra parte, la Alcaldía de Managua debió inspeccionar el proyecto antes y durante su ejecución, según García.
