En 1996, por reformas a la Ley Electoral, L.E., se inicia la partidarización del Consejo Supremo Electoral (CSE), al establecer el nombramiento del Consejo Electoral Departamental, (CED) y Juntas Receptoras de Votos (JRV), de listas de partidos políticos. A pesar que los magistrados electorales de entonces pidieron se mantuviera que el CSE nombrara a los presidentes y primer miembro de los CED, de su propia escogencia y a los segundos miembros de listas de organizaciones políticas participantes en las elecciones. Y que de igual forma se nombraran las JRV por el CED respectivo.
Los temores de los magistrados no eran infundados. En esas elecciones del 96 hubo en Managua apariciones de boletas electorales y resultados de algunas JRV tiradas en cauces. Obviamente, esta acción no fue un comportamiento propio de un miembro de un partido ganador. Para que se diera nuevas elecciones en Nicaragua tendría que haberse “botado” el 50 por ciento de los votos, lo que distó con creces de ocurrir. A pesar de esa situación irregular el CSE de entonces pudo hacer respetar la voluntad popular. Se habían respetado las reglas del juego. El CSE dio el ciento por ciento de los resultados preliminares y finales, por cada JRV, municipio, departamento y nacionales. Se atendieron los recursos que los partidos presentaron, recuentos de votos en Managua y Matagalpa. Con la presencia de fiscales y observadores electorales nacionales e internacionales. Algunos dirigentes del FSLN aún reclaman fraude electoral a favor del PLC, cuando había miembros de ellos como autoridades electorales en cada una de las JRV, del CED y fiscales acreditados —sin restricción o expulsión alguna— en todas las instancias, con sala con computadoras en el Centro de Cómputos Nacional donde obtenían de inmediato los datos recibidos por el CSE. Todos los electos tomaron posesión de sus cargos.
En las elecciones presidenciales de 1990, 1996 y 2001, tuvieron porcentajes similares de diferencia en los que ganó la UNO, Alianza Liberal y Alianza PLC, respectivamente al candidato del FSLN. Los conteos paralelos de los observadores electorales fueron coincidentes en todos estos casos con los datos del CSE.
En enero del 2000, por reformas a la Constitución y a la L.E., producto del pacto político se produce: Acortamiento ilegal del período de los magistrados de entonces y la partidarización total del CSE, que ha traído como consecuencia que las elecciones realizadas del 2000 al 2008 se produjeran irregularidades diversas, denunciadas por los partidos. Siendo los actuales comicios municipales lo más representativo de lo que sucede cuando un órgano electoral está dominado por la influencia partidaria.
En 1996, el CSE asumió con valentía y entereza, para hacer respetar el voto popular y declarar electos a quienes correspondía. No se dejó amedrentar por las amenazas, incluso de muerte, ni por las orquestas difamatorias en su contra.
El CSE de hoy tiene obligación de enmendar sus errores y debilidades administrativas sucesivas que se dieron durante este proceso electoral y las irregularidades, enunciadas por la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Nicaragua. Para ello, debería: Devolverle la personería jurídica a los partidos MRS y Conservador. Convocar a una reunión urgente con dirigentes de los partidos políticos, jefes de bancadas de la Asamblea Nacional, ante la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales, para que de inmediato acuerden cesar actos de violencia que están causando daño a las personas, a la propiedad y provocando inestabilidad y la no generación de empleo.
La Asamblea Nacional: Debería acordar realizar nuevas elecciones municipales, a la brevedad, mandando: Integrar las JRV, CEM y CED, con personas escogidas de forma aleatoria del Padrón Electoral; nombrar sólo un policía electoral, procedente del Magisterio Nacional; facilitar el trabajo de los fiscales de las organizaciones políticas; acreditar la observación electoral nacional, invitar observadores internacionales, como: OEA, Unión Europea, Centro Carter. Que la Policía y Ejército garanticen la tranquilidad y seguridad ciudadana.
Si el CSE no puede enfrentar esta delicada situación, por el bien de Nicaragua, que renuncien y la Asamblea Nacional nombre nuevos magistrados que organicen comicios con transparencia, libertad, certeza y justicia. Si pueden, que actúen en consecuencia.
Para las elecciones nacionales del 2011 urge Reformas a la Ley Electoral y despartidarizar totalmente el Poder Electoral.
