El incremento de votos nulos en las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre, en comparación con procesos anteriores, y que afecta sobre todo a la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se ha convertido en otro de los elementos sospechosos que ha denunciado esa organización política.
Los diputados Wilfredo Navarro y Francisco Aguirre denunciaron ayer que a las irregularidades expuestas, como la expulsión de fiscales y el cierre temprano de Juntas Receptoras de Votos (JRV), se suma el hecho de que los índices de votos nulos alcanzan entre 6 y 8 por ciento en distintos municipios del país, que en un primer momento habían sido ganados por candidatos liberales.
La media internacional de votos nulos es de 1.5 a 3 por ciento, pero ahora Nicaragua impuso un récord.
Es “un voto nulo sin precedentes en Nicaragua y que está afectando prácticamente a todos los municipios de la República de Nicaragua”, observó Aguirre Sacasa.
A juicio del representante legal de la alianza PLC, la anulación de votos es parte de los mecanismos que el Frente Sandinista (FSLN), en complicidad con miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha impulsado “para escamotearle los votos al PLC”.
Navarro explicó que la anulación de votos ha implicado, incluso, la violación de la Ley Electoral.
“En cuanto a la forma en que el ciudadano puso su marca, si la marquita se salía del círculo, era un voto nulo, contrario a la Ley, porque la Ley dice que cuando se puede determinar la voluntad del votante no puede ser nulo. En municipios de Matagalpa nos anularon votos sólo porque el votante llevaba su propio lapicero y no usaba el que tenían ahí”, precisó el parlamentario.
Otro caso expuesto por Navarro es el de Cuapa, donde les impugnaron una JRV porque el fiscal de la alianza PLC llevaba al revés la credencial que lo acreditaba.
“Entonces, todas esas barbaridades sólo pueden ser corroboradas cuando vos revisás boleta por boleta, acta por acta”, insistió Navarro.
LIBRO BLANCO
Las autoridades del PLC anunciaron que van a publicar una especie de Libro Blanco o Manual Paso a Paso sobre el fraude, que contendrá todas las irregularidades cometidas por los funcionarios del Poder Electoral antes, durante y después de los comicios del 9 de noviembre.
Afirman que incluirán las pruebas de las anomalías que se cometieron en el proceso electoral.
Navarro recordó que entre esas anomalías está el hecho de que los magistrados Roberto Rivas y Emmett Lang ordenaron desde el pasado 10 de noviembre, en las distintas estructuras electorales, que no se reciba ningún escrito o recurso, además de que los fiscales del PLC en las distintas áreas del proceso de conteo fueron sacados a la fuerza.
“Caso contrario, los fiscales y los representantes legales del Frente Sandinista están dando órdenes a los funcionarios del CSE; el manejo de las actas de escrutinio y de las boletas ha sido del exclusivo control del Frente Sandinista y del CSE, nosotros no hemos tenido conocimiento de nada”, se quejó Navarro.
INVESTIGACIÓN DE OFICIO
El diputado Navarro señaló que ante los múltiples delitos cometidos por funcionarios de las estructuras electorales o de mesa en las JRV, deberían ser investigado de oficio por la Fiscalía Electoral, a la que señaló de tener un actuar “ineficiente”, porque aún no se ha pronunciado sobre ninguno de los hechos registrados en distintas partes del país.
Uno de esos delitos o violación a la Ley Electoral es que el presidente del CED de León haya calificado de desechos el material encontrado en basureros, cuando la legislación señala que sólo se puede destruir cuando se proclaman los electos.
También está la alteración de actas de escrutinio, una evidencia que se encuentra al compararlas con las originales que tienen en su poder.
