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Más de 4.2 millones de salvadoreños están convocados a las urnas para las elecciones que serán supervisadas por la OEA, la UE y otros tribunales electorales de Centro y Sudamérica. (LA PRENSA/AP)
Llamado a políticos por violencia electoral
Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador pide respeto a Pacto de Entendimiento
Carlos Mario Márquez
SAN SALVADOR/AFP
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) llamó a los dirigentes políticos de El Salvador a “prevenir” la violencia en el marco de la campaña electoral que se inició para los cruciales comicios generales de 2009, donde la principal batalla estará entre la derecha y la izquierda.

El llamado de la Procuraduría se produce luego que el viernes se inició oficialmente la campaña proselitista para los comicios presidenciales del 15 de marzo, cuatro meses antes tal y como lo contempla la ley.

Este lunes arrancó la campaña para los comicios de diputados previstos para el 18 de enero.

PACTO PREVENTIVO

“Invito a los máximos representantes de los partidos políticos a que hagan más y mejores esfuerzos para prevenir la violencia electoral, y les recuerdo los principios y compromisos que adoptaron al firmar el Pacto de Entendimiento para Prevenir la Violencia Electoral”, consigna un pronunciamiento del procurador Oscar Luna.

El funcionario recordó que el pacto firmado el 8 de octubre incluye “evitar el lenguaje confrontativo en los mensajes políticos, así como cualquier tipo de acto de violencia, agresión, intimidación, provocación y confrontación en las actividades partidarias”.

En vísperas del inicio de la campaña, la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) se acusaron mutuamente de diferentes incidentes que dejaron al menos un herido y dos detenidos.

En ese sentido, el procurador Luna exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) —autoridad máxima en materia electoral— a que en cumplimiento de sus atribuciones “aplique las sanciones administrativas correspondientes” a quienes durante la campaña electoral utilicen medios ilícitos que lesionen la moral, el honor, la imagen o la vida privada de las personas.

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