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“No quedaría piedra sobre piedra”
Humberto Belli Pereira
El autor fue Ministro de Educación
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Hay frases que revelan con claridad insupera-

ble la mentalidad y valores de quienes las profieren. Una de éstas, que podría ser la frase de la semana, fue la del Procurador General de la República, Hernán Estrada, a raíz de la condenable agresión al periodista Nicolás Berríos. En forma repetida, y con un tono de grave advertencia, Estrada nos puso en autos de que “si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles (a sus seguidores) no quedaría piedra sobre piedra sobre ninguna emisora y sobre ningún medio de comunicación que lo adversa”. A continuación Estrada agradeció a Dios, y a la serenidad de Ortega, que esto no hubiese sucedido.

Las palabras del Procurador son un reconocimiento explícito de la filosofía política de quienes nos gobiernan y del tipo de régimen que se está gestando. Ellas aluden claramente a la presencia de un jefe de gobierno que no tiene por freno más que su propia voluntad. Es decir, que basta que por un momento el presidente pierda la serenidad, o decida golpear duro, para que vivamos la noche de los cuchillos largos, o la de los cristales rotos, ordenadas por Hitler.

Estrada no exageró para asustar. Si Daniel Ortega ha hecho el funesto llamado imaginado por el Procurador, hordas de turbas con palos, machetes y gasolina hubiesen dejado en escombros a todo medio opositor, y quizás algunas personas, sin que nadie lo pudiese evitar. Y téngase la certeza absoluta de que ninguno de los hechores terminaría tras las rejas.

Tal capacidad de un jefe de Estado de ordenar, sin trámite alguno, y por los medios de comunicación, la destrucción total de todos los medios adversarios, sería inconcebible en cualquier democracia. Sencillamente porque en ellas ningún presidente puede hacerlo. No tanto porque no quieran sino porque sencillamente no pueden. Por estar sometidos al imperio de la ley y porque ni ellos, ni sus seguidores, pueden saltar sin consecuencias sobre el Estado de Derecho.

Imaginemos por un instante al presidente de los Estados Unidos, de Inglaterra, o de España, irritados por un atentado y llamando por la televisión a sus partidarios a que incendien las casas de los supuestos culpables. ¿No lo veríamos inconcebible? En ninguno de los países mencionados se alentó la destrucción de mezquitas o centros musulmanes después de los atentados que mataron millares de inocentes.

Lo que las democracias hacen en tales casos es investigar para encontrar a los responsables directos y luego encausarlas con las debidas garantías procesales. En todo caso se abstienen, como principio universal de justicia, de perseguir a categorías colectivas de gentes donde van mezclados culpables e inocentes. El desatar la furia contra supuestos culpables, obviando el marco legal, y peor aún, contra colectividades enteras, como una clase social, una etnia, o un sector, ha sido exclusivo de los totalitarismos y los comportamientos tribales.

En el evento inconcebible que el presidente de un país democrático (Bush, Sarkozy, o Zapatero) llamara en la televisión a destruir los locales de un grupo adversario y de que algunos de sus seguidores le obedecieran ¿qué pasaría? Pues que posiblemente terminaría siendo destituido y, junto con sus seguidores, enjuiciado. Porque sencillamente nadie, ni el más poderoso, puede obviar las vías legales e irse por las vías de hecho. Cabe también anotar que las fuerzas del orden habrían reprimido y arrestado a muchos de los agresores.

La democracia por definición implica un sistema eficaz de frenos al poder y el sometimiento parejo de todos al imperio de la ley. En ellas funcionan fuerzas del orden que se activan automáticamente para reprimir el delito y salvaguardar la vida y bienes de los ciudadanos. Lo que protege a los gobernados en dichos regímenes no es tanto la serenidad de sus gobernantes, o una mal citada misericordia de Dios, sino un sistema judicial y unas instituciones robustas que imposibilitan el desborde de los poderosos.

El hecho que el procurador Estrada haya agradecido a la serenidad de Ortega, que éste no haya mandado a sus turbas a quemar LA PRENSA, Radio Corporación, Canal 2, y quién sabe qué otros medios, es una perturbadora señal de cuánto nuestra democracia se está debilitando bajo el asalto de quienes la desprecian, y de cómo nos vamos deslizando hacia al fascismo, o hacia una jungla gobernada por salvajes.

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