La posición de las misiones de observación en los comicios nacionales de 1996, cuando supuestamente avalaron un fraude electoral que derivó en la segunda derrota electoral del hoy presidente Daniel Ortega, es el argumento al que recurre ahora el partido gobernante para descalificar a organizaciones internacionales como observadores electorales.
Por eso, el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Emmet Lang, acusó ayer a la OEA de estar parcializada.
“La OEA ha demostrado tener un sesgo total y completo con las fuerzas antidemocráticas en Nicaragua, con fuerzas y partidos políticos que no concuerdan con algunas ideologías en las cuales ellos no comulgan, son sesgados totalmente”, afirmó Lang.
El canciller nicaragüense Samuel Santos criticó al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, por expresar en un comunicado su preocupación ante las dificultades surgidas en el proceso del conteo de votos.
“Fue aprovechado (el comunicado) lógicamente por los opositores del Gobierno de Nicaragua y de estas elecciones limpias, transparentes que se están realizando; ese mismo pecado, en este caso, lo cometió la Iglesia”, precisó Santos.
El magistrado Lang señaló que en 1996 se les entregó informes sobre las irregularidades, sin que hasta el momento se pronunciaran al respecto, por lo que estima que los nicaragüenses deben resolver sus problemas sin intervención de nadie más.
“Las credibilidades no las dan las investiduras, las credibilidades las dan las actuaciones; no es porque sea ex presidente o vicepresidente del Consejo que me vaya a dar credibilidad, me da la credibilidad mi actuación y lo mismo digo del Centro Carter, lo mismo digo de la OEA”, declaró Lang.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, dijo que ya entregó una denuncia contra Insulza, organismos internacionales, Departamento de Estado de Estados Unidos y partidos políticos de oposición, que, según él, han hecho causa común para desarrollar un plan para desestabilizar al Gobierno de Nicaragua.
Afirmó que la carta fue entregada a todas las representaciones en la OEA, junto con los informes que guarda el magistrado Lang de los comicios de 1996, porque pretenden demostrar que no tienen la calidad para ser observadores.