Hemos leído y oído numerosas veces en los diarios escritos y hablados del país lo que en diversos círculos se manifiesta sobre la responsabilidad del Jefe del Ejército y del Director(a) de la Policía Nacional al acatar, aparentemente sin discusión alguna, las órdenes delicadas que el Presidente de la República les imparte.
Considero que es un error de principio el creer que los altos jefes mencionados en las condiciones anteriores, deben proceder, como se acostumbraba en el siglo pasado, sin siquiera meditarlo debidamente y que al actuar erróneamente de esa forma, toda la responsabilidad recae sobre el Presidente que imparte las órdenes, dejando a los subordinados libres de toda culpa y listos para una próxima oportunidad.
Considero como persona formada profesionalmente en un ambiente militar de gran prestigio, como lo es el Heroico Colegio Militar de los Estados Unidos Mexicanos (graduado de Ingeniero Militar/Civil) que los militares y policías tienen derecho y obligación ante la sociedad a pensar y tratar de actuar de acuerdo a los principios legales, cívicos y morales, y si reciben una orden superior abierta y claramente en contra de esos principios deben intentar, de manera profesional, que se cambie adecuadamente la misma o en caso contrario renunciar a su cargo, no necesariamente al Ejército o la Policía.
En otras palabras y para ilustrar mejor a los numerosos lectores de este Diario, un Presidente de la República, por ejemplo, en determinado momento puede ordenar a su Jefe del Ejército o de la Policía que maltrate a un prisionero en su poder o que agreda de cualquier manera a otra nación, y sin lugar a dudas ellos no están obligados a hacerlo, y si no logran con su posición un cambio que haga la disposición acorde con la ley, deben renunciar antes de proceder. Es decir, no se trata ni de ser cobarde ni de estimular la desobediencia al superior, quedándose en su posición rebeldemente, repito, deben renunciar a su cargo antes de cumplir una orden superior abiertamente en conflicto con los principios morales y las leyes. Si, bajo esas circunstancias no lo hacen, el Jefe del Ejército o el de la Policía son corresponsables de los costos, perjuicios, daños o consecuencias que pueda causar la orden indebida transmitida por ellos, aunque haya sido dispuesta y ordenada por el Presidente.
Comprendemos que hay algunas órdenes superiores difíciles de evaluar, pero precisamente por eso el Jefe del Ejército y el de la Policía logran alcanzar esas delicadas posiciones después de un proceso prolongado que implica no solamente tiempo sino una formación académica y moral sólida, esfuerzos, dedicación, entrenamiento e instrucción. Esas posiciones requieren de una alta preparación y experiencia en todos los órdenes por su capacidad para evaluar y decidir legal y moralmente en numerosas ocasiones.
Comprendemos por supuesto, que renunciar en nuestro medio es un verbo muy difícil de conjugar en la primera persona, pero debemos tener la fortaleza moral para asumir nuestra responsabilidad de forma seria cuando las condiciones nos obliguen a ello, teniendo como principal objetivo nuestra posición frente a la nación.
