Para nadie es un secreto que este proceso electoral estuvo plagado de inconsistencias, señalamientos de fraude y conocerse con anticipación hasta de los métodos utilizados por los fiscales del orteguismo, para anular la voluntad democrática de miles de nicaragüenses en cada centro de votación. Lo que demuestra con claridad meridiana que los agentes del régimen no tienen consideraciones de ningún tipo para robarse los votos de los nicaragüenses. Los antecedentes son bien claros, los agentes del orteguismo tienen por consigna que si no ganan, arrebatan, golpean, apedrean o balacean a cualquiera sin importar el costo, con tal de arrebatar el triunfo de las mayorías, en unos comicios manchados no sólo por la complicidad de algunos magistrados del CSE, sino con sangre de inocentes, como el caso de una niña asesinada por el odio y fanático furor de los simpatizantes de Ortega un día después de las elecciones.

El comienzo de la campaña se vio empañado por los actos violentos en León, Managua, Ocotal, Chinandega y otros municipios del país, cuyo resultado fueron más de sesenta personas heridas por las “amorosas” turbas del régimen, entre ellas las esposas de los candidatos Montealegre y Quiñónez. Las visitas del coronel Lenín Cerna a varios municipios del país fueron un negro presagio de lo que nos iba a ocurrir. Si este proceso electoral se hubiera realizado en un país donde las reglas del juego democrático se respetan, no tendría la menor duda de que la alianza PLC en la casilla número uno, hubiera ganado en más de cien municipios del país y unas diez cabeceras departamentales tales como, Managua, León, Chinandega, Matagalpa, Granada, Masaya, Juigalpa, Jinotega, Boaco, Jinotepe y Rivas. Desafortunadamente las cosas no fueron así, el orteguismo haciendo uso de sus métodos agresivos e irrespetuosos hacia la voluntad democrática del pueblo nicaragüense, enredó los comicios, hizo lo que quiso en cada centro de votación, obteniendo ventajas donde sus triquiñuelas funcionaron como ellos habían previsto. Sabíamos que esto podía suceder, la decisión del Consejo Supremo Electoral de no acreditar observadores nacionales ni extranjeros, son otra muestra de que el fraude siempre estuvo latente. Desde el momento en que decidimos lanzarnos a unas elecciones donde el gato rabioso del orteguismo estuvo suelto y la mayoría del pueblo estuvo amarrado y acosado por los comandos electorales CPC. Por eso la actitud del candidato Eduardo Montealegre, defendiendo la voluntad ciudadana actas en mano, es admirable, ojalá mantenga esa postura ante las nuevas trampas que el pacto le tiene preparadas.

El presidente del CSE en contubernio con magistrados del FSLN pretenden despojarnos de un triunfo legítimo, una vez más quedó al descubierto la voracidad inmoral e intolerancia de un régimen que se apresura día a día a implantar su dictadura del signo de Chávez, sin importarle en lo mas mínimo lo que pensamos o digamos la mayoría de los nicaragüenses. Pero estas elecciones no significan el final de nuestros esfuerzos por mantener viva la democracia en nuestro país. Fueron una dura lección que debe de servirnos como calistenia para afinar la futura lucha cívica con mejores instrumentos, con más frialdad en nuestros análisis y en nuestra planificación a mediano plazo. El régimen orteguista pretende robarse estas elecciones a despecho del costo que ello implica para su Administración. La comunidad internacional, principalmente los donantes ya deben de estar pensando en cortar sus ayudas a un gobierno ilegítimo, intolerante y represivo, sólo nos resta pensar cómo hará Ortega paras seguir en la Presidencia sin obtener los recursos económicos necesarios para ejecutar el presupuesto de la nación, cuando la comunidad internacional se niegue a facilitarle fondos. ¿Puso Ortega su cabeza en la guillotina al robarse descaradamente los votos de más del 62 por ciento de nicaragüenses? Y para finalizar vale la pena preguntarnos: ¿Terminará Ortega su mandato sin la ayuda exterior y sin legitimidad? La comunidad donante aporta más del 30 por ciento de los fondos para la ejecución del Presupuesto General de República.