Representantes de Organizaciones italianas, que trabajan en defensa del agua, se reunieron ayer con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, a quienes recomendaron ampliar los esfuerzos para impulsar leyes que vayan encaminadas a la protección de los recursos hídricos y rechazar todo aquel proyecto que apunte por una privatización de los mismos.
Cinzia Thomareizis explicó que su visita al país es parte de una gira que recorrerá países de Centro y Sur América, para intercambiar experiencias sobre el tipo de legislaciones que ayudan a proteger los recursos naturales, entre ellos el agua.
“Estamos promoviendo el derecho irrenunciable que tienen los ciudadanos al agua, como un bien común que beneficia a todos. Nuestra gira es parte de la denominada Caravana en Defensa del Recurso y queremos conocer la situación de cada país, tratar de persuadir en sus parlamentos para que apoyen más proyectos en su defensa y se opongan a cualquier aspecto encaminado a privatizarlo”, enfatizó.
David Ruiz Vizcaya, representante de la Red promotora de la Defensa del Agua en Nicaragua, expresó que es necesario realizar una reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, para establecer mecanismos que obliguen a grandes empresas que comercializan agua a que protejan el recurso.
“Nosotros estamos preocupados y se lo hemos expresado a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, porque se necesita dejar claro en la Ley, cuáles serán las responsabilidades que pueden tener estas empresas extractoras de agua, que contaminan, explotan y comercializan el recurso”, insistió.
Ruiz Vizcaya indicó que actualmente están promoviendo una reforma a la Ley General de Aguas, para fortalecerla más y obligar a estas instancias a responder en caso de que estén involucrados en procesos de contaminación.
La diputada miembro del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Mónica Baltodano, mostró su apertura al proyecto de reforma y señaló que proteger el agua con mayores instrumentos legales es un desafío que Nicaragua como país debe aceptar. “El acceso al agua es un derecho fundamental de las personas. No debe someterse a privatizaciones”, indicó Baltodano.
