La Cámara de Diputados de Argentina debatía anoche el proyecto de ley para estatizar las pensiones, con el respaldo de una movilización de grupos afines al gobierno de Cristina Kirchner y nuevas protestas de la oposición derechista, liberal y radical socialdemócrata.
Los diputados comenzaron a sesionar poco antes del mediodía y se registraron duros cruces entre oficialistas y opositores.
Los miembros de la Cámara Baja tenían previsto aprobar el proyecto anoche y luego pasará al Senado, donde el Gobierno pretende aprobarlo el 20 de noviembre.
Legisladores oficialistas se mostraron confiados en la aprobación de la iniciativa que prevé el traspaso de unos 26,000 millones de dólares que administran los fondos privados al Estado, a lo que se sumará el ingreso de otros 3,000 millones de dólares anuales por aportes de los trabajadores.
El oficialismo sumó el apoyo de diputados de la oposición de centroizquierda, que siempre propiciaron la jubilación estatal y que lograron introducir cambios al proyecto original para asegurarse un control del uso de los fondos.
“Nos pone muy contentos poder haber conciliado posiciones con bloques que no son del oficialismo. Esto le da un nivel de consenso importante a una iniciativa trascendente”, dijo el jefe de la bancada oficial, Agustín Rossi.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de la mayoritaria y oficialista central obrera CGT y la disidente CTA, que se movilizaron junto a grupos políticos kirchneristas en los alrededores del Parlamento, donde el Gobierno tiene mayoría.
En cambio, anticipó su voto negativo la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), el mayor bloque de oposición, así como peronistas disidentes, liberales y de derecha.
La líder opositora liberal Elisa Carrió prometió realizar una vigilia en el Obelisco, en el centro porteño, en rechazo al proyecto, al margen de otros actos de opositores enfrente del Congreso.
“Mi intención es dar testimonio, frente a lo que consideramos un robo a la nación”, dijo Carrió, crítica por el uso que cree que el Gobierno dará a los fondos del sistema jubilatorio privado creado en 1994, en caso de aprobarse su estatización, pese a que ella la había impulsado en el pasado.
Opositores acusan al Gobierno de impulsar la reforma previsional para captar fondos que permitan afrontar vencimientos de deuda por unos 20,000 millones de dólares en 2009, además de financiar obra pública y gastos de campaña electoral, en vistas de los comicios legislativos del año próximo.
Pero el Gobierno asegura que esos fondos tendrán como único destino el pago de jubilaciones, con la creación de un único sistema estatal de reparto, que absorberá el dinero que actualmente manejan las 10 Administradoras Privadas de Pensión (AFJP).
