Más de nueve mil personas viven un “apartheid jurídico” o discriminación en las cárceles de Nicaragua, porque son juzgados con un procedimiento derogado, inquisidor y burocrático, aseguraron distintos especialistas en leyes, en la conferencia “Retardación de justicia en materia Penal”, brindada ayer en Managua.
Tanto el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma, como el diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, estuvieron de acuerdo con el presidente del Instituto de Estudios Humanísticos (INEH), Fanor Avendaño, cuando éste se refirió al “apartheid jurídico” que viven 9,040 personas que están siendo juzgadas con el antiguo Código de Instrucción Criminal.
Cuarezma dijo que ese código no sólo es viejo y está derogado, sino que además “carece de garantías, es feudal, burócrata, secreto e inconstitucional”, contrario al Código Procesal Penal (CPP), que es “nuevo, democrático y respetuoso de las garantías constitucionales”.
Pallais expresó que, mientras el nuevo CPP establece un tiempo de tres meses para juzgar a un procesado detenido y seis para quienes no tengan prisión preventiva, el antiguo código tiene un promedio de diez años por juicio, razón por la que aún hay personas tras las rejas sin que se les haya dictado sentencia, a pesar de que el CPP entró en vigencia desde hace tres años.
Avendaño advirtió que a esto se añaden otros daños colaterales para los procesados, como los problemas de salud mental, financieros y familiares.
Cuarezma también se refirió a que las leyes actuales no le dan verdadera independencia a los jueces, ya que éstos pueden ser removidos de sus cargos sin su consentimiento.
Por otra parte, Cuarezma insistió en que la retardación de justicia pasó de manos con el nuevo CPP.
Si antes el cuello de botella estaba en al Poder Judicial, ahora está en el Ministerio Público y la Policía Nacional, a juicio del experto, ya que allí hay unos 50 mil casos retardados por falta de investigación, una cantidad superior a la de antes, pero que refleja que las instituciones no tienen suficiente personal para enfrentar las necesidades.
PROYECTO CONGELADO
Pallais recordó que hay un proyecto de ley dictaminado en la Asamblea Nacional, que sólo falta que sea aprobado por el plenario, pero reconoció que no es una prioridad en el Legislativo, ya que la urgencia es la reforma al Presupuesto General de la República.
