LIMA .- Al menos dos personas murieron y otra resultó herida de gravedad en medio de los disturbios registrados en la ciudad peruana de Tacna (sur) en las primeras horas del estado de emergencia decretado por el Gobierno en esa región, confirmaron hoy a Efe fuentes de la morgue local.

Uno de los fallecidos es un bebé de cinco meses de edad, quien murió esta madrugada asfixiado por los gases lacrimógenos que lanzaron por la noche las fuerzas del orden, según la versión de los padres del niño.

La otra víctima es un hombre de 32 años, que fue ingresado a la morgue con una bala alojada en su cuerpo, confirmaron las mismas fuentes.

Ambos cadáveres van a ser sometidos a necropsias durante este miércoles para determinar las causas exactas del fallecimiento, por lo que los funerales no podrán celebrarse hasta mañana, dijeron las fuentes.

Por otra parte, un hombre que recibió un impacto de bala en el cráneo se encuentra ingresado en el Hospital Hipólito Unanue y su condición es grave, explicó Gilberto Calizaya, responsable del Servicio de Salud de la región.

En la mañana de hoy, el centro de Tacna fue tomado por ciudadanos que, desafiando el estado de emergencia, protagonizaron un "cacerolazo" para protestar por la presencia de los militares en la ciudad, declararon a Efe varios testigos.

Más tarde la tensión se desplazó a la zona de Ciudad Nueva, donde se han producido actos de vandalismo, quemas de llantas y destrucción de coches, sin que el Ejército haya intentado reprimir estos hechos.

La policía, que ha desaparecido de las calles para dar paso al Ejército, se niega a proporcionar información y remite a las fuentes castrenses.

El Gobierno peruano decretó en la noche del martes el Estado de Emergencia por 30 días en la región de Tacna, agitada en la última semana por disturbios causados por la modificación de una ley que asigna fondos del Estado obtenidos por la fiscalización de la actividad minera y que, según sus pobladores, perjudica a sus intereses.

La declaración de emergencia deja sin efecto los derechos constitucionales a la libre reunión y tránsito, la inviolabilidad del domicilio y entrega el control del orden público a las fuerzas armadas.