El Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) dispondrá de una red de 30 mil observadores electorales en las casi 12 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV) que funcionarán en todo el país para las elecciones municipales de este domingo nueve de noviembre, aún cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) no les acredite para vigilar el desarrollo de los comicios.
El director ejecutivo de EyT, Roberto Courtney, aseguró que estos 30 mil observadores triplican al grupo de 8 mil voluntarios con los que contaron en las elecciones nacionales del 2006 y es cinco veces mayor a los 5 mil que originalmente preveían distribuir en éstas, cuando esperaban su acreditación oficial.
Courtney explicó que la red creció debido “al cambio de metodología”, por la falta de la acreditación oficial para los observadores nacionales, que sigue pendiente a seis días de las elecciones en que los ciudadanos de 146 de los 153 municipios de Nicaragua elegirán a las autoridades que les gobernarán durante los próximos cuatro años.
Los observadores electorales nacionales solicitaron desde mediados de este año y en más de una ocasión, su acreditación al CSE, pero a la fecha éste no ha resuelto las mismas. En cambio, el Presidente de la República y secretario general del gobernante Frente Sandinista, Daniel Ortega, junto al presidente del Consejo, Roberto Rivas, se han declarado en contra de la observación y han cuestionado la supuesta participación partidaria de estos organismos, y todo a pesar del respaldo de los otros cuatro partidos políticos que participan en la contienda.
En particular, la opositora Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC) ha hecho públicas varias denuncias sobre supuestas condiciones para el fraude. Sin embargo, el director ejecutivo de EyT, afirmó que “toda violación o irregularidad deja una huella y es posible seguir el rastro”.
OBSERVARÁN DESDE AFUERA
Según el ejecutivo del organismo que cuenta con 12 años de experiencia en el país, “la no acreditación del Consejo lo único que significa es que (al observador nacional) no se le otorga el derecho de permanecer en la Junta Receptora todo el día, sino que solamente puede entrar para ejercer su derecho a votar, como cada ciudadano”.
Por eso, explicó que la primera variable en la metodología original es que “en lugar de un observador por Junta que permanece en ella todo el día, habrá cinco y hasta diez observadores que, como votantes, concurren a ejercer su voto en su Junta y así se establecen las condiciones de votación durante el proceso que le ocurrió a cada uno”.
Además, destacó que EyT se auxiliará de los vínculos establecidos con sus más de 30 mil observadores capacitados en años anteriores, entre los cuales existen de dos mil a tres mil miembros integrados ahora como personal de mesas electorales o fiscales de partidos políticos que estos grupos les han aprovechado por las capacidades que han adquirido en la red.
“Eso nos facilita un intercambio inmediatamente posterior al sufragio electoral y también previo a la etapa electoral para establecer las condiciones que existan en el proceso”, afirmó Courtney.
ESTABLECEN HISTORIAL PARA ADVERTIR IRREGULARIDADES
El director ejecutivo de EyT agregó que definirán el historial de votos departamental, municipal y por cada Junta Receptora de Votos que ante la ausencia del observador en cada una de esas mesas permitirá, de cualquier manera, “identificar claramente ciertos patrones de votación e irregularidades, no sólo en la Junta, sino en su contexto” y, a partir de ahí, definir “grupos de control” en éstas.
Courtney dijo que ante la ausencia en la mesa electoral, les ha correspondido desarrollar “capacidades investigativas y forénsicas” que les permitan demostrar lo que ocurre en cada una, “como ocurre con una escena de un accidente de tránsito, en el cual el perito puede no haber estado presente, pero a partir de las marcas de las llantas sabe a qué velocidad iba cada cual, puede establecer daños materiales y, sobre todo, quién puede tener la culpa a la hora de un accidente”, ejemplificó.
“SIN PREJUICIOS”
El ejecutivo sostuvo que los 30 mil observadores con los que contarán ,“no van a dejar que los prejuicios del CSE sobre los observadores nacionales se traduzcan en pagarle al Consejo con la misma moneda” y que ellos “respetarán todas las restricciones que imponga el Consejo, no importa lo arbitrarias que sean”, porque afirmó que, de cualquier manera, con la nueva metodología trazada tienen “capacidad plena para observar y detectar cualquier irregularidad”.
Sin embargo, también advirtió que ningún proceso electoral es perfecto y siempre pueden registrarse irregularidades que no necesariamente serán razón de fraude, al menos que con éstas varían los resultados, sobre todo en votaciones reñidas.
IPADE CONTRARRELOJ
Pero mientras Ética y Transparencia sostiene que su red de observadores realizará su labor con o sin acreditación del CSE, el Instituto para la Democracia y Desarrollo (Ipade) insistió ayer en que ellos no podrán realizar la suya sin la acreditación del tribunal electoral.
El director ejecutivo del Ipade, Mauricio Zúñiga, dijo que la cuenta regresiva para que ellos participen como observador en los comicios del 9 de noviembre culmina este miércoles.
Según Zúñiga, si el Consejo resuelve acreditar a los observadores nacionales hasta después del 5 de noviembre será difícil que ellos logren distribuir las credenciales a sus miembros que estarían presentes en 110 Centros de Cómputos Municipales con el objetivo de dar seguimiento a cualquier error estadístico o matemático, cuestionamientos de los partidos políticos a las sumas aritméticas, quejas y procesos de impugnación.
Zúñiga explicó que ellos dependen de la acreditación para ingresar a los Centros de Cómputos y que la emisión tardía de éstas les retrasaría el envío de un listado que contiene más de dos mil observadores, para que las autoridades electorales fabriquen igual número de credenciales, que luego deberían distribuir en los 110 municipios, ubicados en la ciudad y el campo.
COSTO POLÍTICO PARA CSE
El director ejecutivo del Ipade también lamentó la decisión del Gobierno de Finlandia de suspender la ayuda a Nicaragua debido —entre otras razones— por la ausencia de observadores nacionales e internacionales en estos comicios, porque estimó que la cooperación internacional ha realizado un esfuerzo por apoyar la construcción de un sistema político democrático y fortalecer la institucionalidad.
Zúñiga manifestó que es lógico que haya una preocupación cuando observan mensajes contradictorios de parte de las instituciones del Estado, como por ejemplo la falta de acreditación para observadores nacionales.
“Una violación a la igualdad de condiciones que establece la Constitución, porque entonces tenemos a un extranjero que sí va a observar nuestro proceso y los nacionales estamos vedados de hacerlo, entonces tenemos aquí una serie de rupturas ante la ley”, precisó Zúñiga, a propósito de que el CSE sí acreditó a la Comisión Electoral de Expertos Latinoamericanos (CEELA), de origen venezolano.
El experto aseveró que esas rupturas implican un costo político para Nicaragua, como sistema democrático; para el CSE, desde el punto de vista de su constitucionalidad y, para la sociedad en general, en el ejercicio y construcción de ciudadanía activa, entre otros aspectos.
