Una jornada de protestas que protagonizó en julio un grupo de morosos, encabezados por candidatos municipales de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) contra las instituciones financieras en el Norte de Nicaragua, golpeó la economía regional, en especial al comercio, los servicios y los productores agropecuarios, según una encuesta realizada por la firma M&R Consultores.
La encuesta denominada Percepción y Actitudes hacia las Instituciones Microfinancieras en Estelí, Ocotal y Jalapa, confirmó el rechazo de la población a las protestas y “a la cultura de no pago” que pretendieron impulsar los promotores de las mismas, afirmó Alfredo Alaniz, presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif)
El estudio consultó, del 10 al 14 de septiembre pasado, a 606 ciudadanos de Estelí, Ocotal y Jalapa, mayores de 16 años de edad. Tiene un margen de error de 4.06 por ciento y un nivel de confianza de 95.5 por ciento.
“No pagar deudas” fue la causa principal que originó la crisis, a juicio del 40.5 por ciento de las 501 personas, de las 606 incluidas en total en la muestra de la encuesta, que afirmaron haberse enterado de las mismas. El 40.3 por ciento dijo que se debió a “las altas tasas de interés” que cobran las microfinancieras.
En julio, durante más de una semana el Movimiento de Productores y Comerciantes del Norte, liderado por el actual candidato a alcalde por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Andrés Castillo Urbina (uno de los principales morosos), y el ex alcalde sandinista de Jalapa, Omar Vílchez (que tiene cuentas pendientes con la Contraloría), impidieron las operaciones regulares de cuatro financieras y un banco localizados en Jalapa. Las protestas se extendieron a Ocotal.
Sin embargo, el 64.5 por ciento de los encuestados por M&R, que afirmaron haberse enterado, desaprobaron las mismas. Sólo un 15 por ciento dijo aprobarlas, mientras el 17.8 por ciento optó por no aprobarlas o desaprobarlas y sólo un 2.8 por ciento no respondió.
En Jalapa (donde la encuesta consultó a 204 personas) el 70.1 por ciento afirmó haber sido afectado por la crisis, en Ocotal (donde encuestaron a 191 personas) el 60.2 por ciento también dijo ser afectado, mientras en Estelí (donde se entrevistó a 221 personas), el 22.3 por ciento dijo haber salido perjudicado.