La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) rechazó el decreto ejecutivo emitido por el Gobierno en el que se autoriza talar árboles protegidos por ley para dar paso a las obras de la minería Las Crucitas, cerca del río San Juan y cuyas aguas, según ambientalistas, se verían afectadas por el uso de cianuro para extraer el precioso metal.
La Sala Cuarta reiteró nuevamente su dictamen de la semana pasada en el que exige a Industrias Infinito S.A. cese la tala de árboles en la zona, pues de lo contrario los responsables podrían ir a la cárcel.
“La desobediencia a cualquier orden dada por la jurisdicción constitucional durante la tramitación de recursos de amparo se encuentra penalizada con prisión de tres meses a dos años o veinte a sesenta días multa”, reza el nuevo mandato de la Sala Cuarta.
En un “considerando” resuelto por el Consejo Universitario de la UNA se declara de inconveniencia nacional la explotación minera en Las Crucitas porque “violenta diversa normativa nacional e internacional sobre biodiversidad”.
La universidad manifiesta a “la comunidad internacional y en particular al Gobierno”, el rechazo a la minería a cielo abierto en el país y llama la atención al Gobierno que dirige Oscar Arias, quien es investigado por la Fiscalía por el supuesto delito de prevaricato en este hecho; por su doble discurso pues hacia el exterior pregona el lema “Paz con la naturaleza” y a lo interno hace lo contrario.
Derogar decreto
La UNA demandó al Gobierno derogar el decreto que firmó Arias y su Ministro de Ambiente, Roberto Dobles; también pide al congreso que revise el Código de Minería y que responda en un estilo armónico con la naturaleza.
Hasta mediados de año Industrias Infinito S.A. informaba que en diez años de concesión extraerían alrededor de 700 mil onzas de oro.
La semana pasada el vocero de esta compañía, Andrés Soto, dijo en un debate televisado que en el mismo período se extraerían alrededor de un millón de onzas, mientras que el Ministro de Ambiente, Roberto Dobles, calculó hace dos días que son alrededor de dos millones de onzas.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) le cuestionó al Ministro de Ambiente, Roberto Dobles, si los beneficios sociales de la explotación minera a cielo abierto son mayores que el impacto ambiental.
La posible contaminación de fuente de aguas nicaragüenses podría acarrear demandas a Costa Rica.
