La apreciación de dos policías permanentes y un policía voluntario, sobre los hechos ocurridos el 21 de mayo del presente año en El Encanto, le bastó al juez suplente de Bluefields, Avelino Gutiérrez Cordero, para emitir una apresurada resolución cinco días después, en el mismo día que le fue solicitada la convalidación del allanamiento de la finca, que terminó en la matanza de tres civiles, y un soldado herido.
Pero el juez suplente de Distrito Penal de Audiencia de Bluefields, Avelino Gutiérrez, alega que la Policía de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en ningún momento le habló de personas fallecidas, cuando le solicitó la convalidación del allanamiento.
“Lo que ellos hacen en la solicitud de convalidación es haciendo referencia a que tres agentes policiales efectivamente llegaron a la casa de un señor que no me acuerdo el nombre, por una denuncia que había interpuesto otro señor y ocuparon unas armas de fuego, que éstas no estaban con las portaciones correspondientes como manda la ley”, dijo Gutiérrez.
No obstante, la resolución firmada y sellada debidamente por el judicial, en poder de LA PRENSA, establece lo contrario.
Para efectuar la resolución el juez retomó las explicaciones que ofreció el jefe interino de Auxilio Judicial en Bluefields, capitán Víctor López, para cada una de las tres muertes ocurridas en esa ocasión. Y menciona que debido a que el mandador José Miguel Salazar realizó cuatro disparos en contra del soldado Rodolfo Sánchez, “no tuvo remedio el oficial José Romero Corea, con el fin de resguardar la vida del soldado, que acciona su arma de fuego de reglamento e impacta en la humanidad de Wilfredo Salazar, quien murió”.
Después dice que al ser herido de un machetazo el soldado, sin especificar por quién, “estando en el suelo logra accionar su arma fusil de reglamento e impacta a Marvin (Melvin) Reyes, quien muere a causa del impacto”. Mientras que Santos Reyes tomó un fusil calibre 22 y le disparó al soldado Rodolfo Sánchez, impactándole en el segundo dedo del pie derecho, sale corriendo del lugar “y el oficial Feliciano Rodríguez hace el alto, pero éste cae producto del disparo”.
Sin embargo, Gutiérrez se justificó con que “(la Policía) no puso nombre del fallecido fulano de tal, ni fulano de tal, entonces yo convalidé de conformidad a Derecho, pero con lo que ellos plantean”.
La resolución fue emitida el mismo 26 de mayo del presente año en que fue solicitada por la Policía. La matanza ocurrió el 21, y ese mismo día fue ampliamente divulgado. Los actos de investigación fueron efectuados por los oficiales José Romero Corea, con chip número 11737, Feliciano Rodríguez Chavarría, chip número 11339, y el policía voluntario Cristino Martínez Rodríguez.
“La forma en que lo presentan y su contenido, en vez de lavarla, enloda la cara de la institución (...) ¿Cómo logran determinar que uno de los fallecidos disparó?, si los enterraron antes sin ninguna diligencia de investigación que es esencial”, criticó el funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
Tras señalar que “con el entierro de los cadáveres, porque ellos no pueden hablar, pero sí habla el impacto que ellos tenían allí; se está enterrando parte de la verdad y quienes lo hicieron sabían de eso”.
El funcionario que desde la semana pasada verificó en el lugar la matanza de los civiles, se preguntó en el caso del mandador José Miguel Salazar, a quien le atribuyen que hizo cuatro disparos, ¿si disparó cuatro veces, las balas eran de salva, eran armas de juguete?”
“Están apuntando a la impunidad con semejante informe y la Fiscalía tiene la palabra, de lo contrario el Estado es responsable de semejante atropello en perjuicio de la familia ofendida”, sostuvo Carrión.
