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Cenidh pide a Fiscalía revisar a fondo El funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, tras una reunión con el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, aseguró que es sospechoso el hecho de que enterraron los cadáveres antes de que fueran inspeccionados. Carrión cuestiona el hecho de que ante la existencia de tres cuerpos no fue preservado el lugar del crimen. Y más bien apuraron el entierro. “Nosotros le transmitimos al fiscal general que eso en cualquier parte del mundo es obstrucción de justicia, cualquier omisión tiene relevancia grande”, manifestó Carrión. Además, el tratamiento discriminatorio de actuar rápidamente a una denuncia de una persona que había sido acusada, mientras la orden de captura tras una denuncia de los afectados había sido engavetada, para Carrión es aún más sospechoso. A esto, agrega Carrión, que militares de la quinta región militar pretendieron que los propietarios de El Encanto negociaran, tras las tres muertes. Carrión expresó que pidieron al fiscal Centeno una investigación a fondo. “Ojalá que salga la verdad”, manifestó el funcionario del Cenidh. Los propietarios de El Encanto también declararon ante los fiscales que investigan el caso, tras la reunión con el fiscal Centeno.

“Que lave la cara” Gonzalo Carrión, funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que sólo queda que la Fiscalía “salve la cara del honor de la institucionalidad de este país, que ustedes saben aquí no existen, son instituciones, pero en el funcionamiento no cumplen”.

Un informe policial en poder de LA PRENSA, enviado al juez suplente Penal de Audiencia de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Avelino Gutiérrez Cordero, señala que el policía José Romero Corea, acantonado en La Cruz del Río Grande, mató al mandador de la finca El Encanto, José Miguel Salazar, porque éste intentó matar a un soldado del Ejército.

“Estando en el interior de la casa entró Wilfredo (José Miguel) Salazar, quien portaba en su cintura un revólver calibre 38, serie BRN 9336, lo cual el oficial José Romero Corea logra detectar, le solicita que la entregara y le mostrara documentos; la reacción de Wilfredo (José Miguel) fue sacar su arma y realizar cuatro disparos contra la humanidad de Roberto Sánchez Sandoval, del Ejército”, dice parte del informe.

“Por lo que al ver que se encontraba en peligro de muerte el miembro del Ejército, no tuvo más remedio, el oficial José Romero Corea, de accionar su arma de fuego e impacta en la humanidad de Salazar, quien murió”, admite la Policía.

No obstante, el informe no menciona que los impactos de bala pasaban de cinco. El miércoles la viuda del mandador, María Estela Sáenz, intentó comentar ante el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, lo observado, pero éste no se encontraba.

Ayer no pudo movilizarse a Managua porque dio a luz. Sáenz confió a LA PRENSA cómo su cónyuge fue rematado en el suelo por los uniformados. Cuando ya había sido herido de dos balazos y en el suelo, explicó la ahora viuda, trató de defenderse y sacar el arma corta que portaba, pero no le dio tiempo y fue acribillado por los uniformados contra quienes estaba en desventaja numérica.

Igual difiere de la versión que desde un inicio ha ofrecido el otro sobreviviente José Inés Benítez García.

El documento oficial firmado por el capitán Víctor López Sequeira, jefe interino del Departamento de Auxilio Judicial, RAAS, admite, sin embargo, que el soldado Sánchez Sandoval sólo recibe un machetazo en la parte trasera de la cabeza, provocándole una herida de 17 a 20 centímetros de largo y cuatro de profundidad.

El escrito dice, además, que Sánchez al caer al piso accionó su arma e impactó al campesino Marvin Reyes Leiva, quien murió. Agrega que mientras Santos Reyes, otro campesino de la finca, tomó un fusil calibre 22, le dispara al soldado Rodolfo Sánchez, impactándole en el segundo dedo del pie derecho, huye del lugar y el oficial Feliciano Rodríguez le hace alto, pero cae (muere) producto de disparo.

Ante ese informe, el juez Gutiérrez resolvió el 26 de mayo convalidar el allanamiento, registro, secuestro y detención contra Salazar y Reyes, por el presunto delito de amenazas de muerte. La denuncia la presentó Gregorio García Blanco, quien tiene causa abierta y orden de detención en Bluefields, desde el pasado 14 de mayo, por el presunto delito de abigeato en contra de los dueños de El Encanto. La convalidación evidencia que la incursión “fue ilegítima y le hace más daño”, dice Gonzalo Carrión, funcionario del Cenidh.