El Estado colombiano fue condenado ayer a pagar más de 1,552 millones de pesos (unos 878,000 dólares) como indemnización a los familiares de dos de las víctimas de la matanza de Bojayá, perpetrada hace seis años por la guerrilla de las FARC y en la cual murieron 119 personas, informaron fuentes judiciales.
El Juzgado Primero de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el oeste del país, señaló que el Ministerio de Defensa tiene que pagar esa cifra a los familiares de dos de las víctimas de la matanza ocurrida el 2 de mayo de 2002.
Según el fallo, la nación fue declarada “administrativamente responsable” por la muerte de dos habitantes de Bojayá (Chocó), por no haber protegido a la población de ese municipio, pese a una “alerta temprana” formulada ocho días antes de la matanza por la Defensoría del Pueblo.
Esa alerta fue enviada al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército.
La matanza ocurrió durante enfrentamientos entre reductos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ante la magnitud de los combates, los atemorizados habitantes de Bojayá Bellavista, nombre completo de esa localidad selvática situada a orillas del río Atrato, a unos 500 kilómetros al noroeste de Bogotá, se refugiaron en el templo de la pequeña localidad.
Sin embargo, un cilindro bomba repleto de metralla, y lanzado por las FARC contra la AUC, se desvió de curso, perforó el techo del templo y estalló causando la muerte de 119 personas que se encontraban en el lugar, entre ellas muchos niños.
La aldea de casas de madera quedó destruida por la explosión y parte de los pobladores que sobrevivieron al ataque huyeron despavoridos.
El Gobierno reconstruyó la localidad y la dio al servicio a finales del 2007, con inversiones por más de 15 millones de dólares.
En enero pasado, un juez de Quibdó condenó a 36 años de prisión por la matanza a Héctor Orlando Martínez Quinto, señalado como uno de los jefes del frente 57 de las FARC.
