Una Ley de Transparencia de las Empresas del Estado Nicaragüense, que podría ser dictaminada hoy, tan sólo podrá fiscalizar el uso de un cincuenta por ciento de la millonaria cooperación venezolana, advirtió el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
El presidente Daniel Ortega dijo el pasado 14 de mayo, que desde que asumió el Gobierno, Venezuela ha aportado a Nicaragua 520 millones de dólares con el acuerdo de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Francisco Aguirre Sacasa, dijo que hoy por la tarde podrían dictaminar el proyecto de ley, que regulará el uso que las instituciones públicas realizan sobre los préstamos, donaciones y cooperaciones.
“Nosotros enfocamos con este dictamen, transparentar todas las actividades de todas las empresas públicas de Nicaragua, no sólo las de Petronic sino todas las empresas, incluyendo Enacal, Telcor, Aeropuertos de Nicaragua”, aseguró Aguirre Sacasa.
ALBANISA INTOCABLE
Pero Gutiérrez aclaró que en el caso de la cooperación venezolana, un máximo del cincuenta por ciento es lo que estaría bajo las condiciones que impondrá la nueva ley, ya que, según él, Albanisa pertenece al sector privado.
“Según el reporte que presentó el mismo presidente (Daniel) Ortega, hablamos de que alrededor del cuarenta o cincuenta por ciento del total de esos recursos están siendo canalizados por organismos del Estado, y la diferencia, evidentemente, están siendo canalizados por instituciones que no necesariamente son del sector público”, explicó Gutiérrez.
Gutiérrez, vicepresidente de la Comisión Económica, añadió que Albanisa, que administra los millones de dólares que se originan con un acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela, pertenece al sector “privado”, por lo que estará exenta de la aplicación de la nueva ley de transparencia sobre las instituciones públicas.
“La cooperación de Venezuela estaría sujeta a esta ley, siempre y cuando esta cooperación se canalice o fluya por las instituciones del Gobierno central, y eso es bien importante (...) existen segmentos de la cooperación que sí (serán regulados por la nueva iniciativa) y hay segmentos de la cooperación que no (podrán ser regulados)”, afirmó Gutiérrez.
LO QUE PLANTEA LA LEY
Por su parte, Aguirre Sacasa señaló que el proyecto permitirá que las instituciones públicas tengan un auditor externo que informe anualmente respecto al uso del dinero de la cooperación, préstamos o donaciones.
“Algunas de las medidas contempladas son, exigirle a todas estas empresas que tengan un auditor externo, calificado, que haga anualmente un análisis de todas sus actividades financieras y de todos sus proyectos y que esa auditoría sea conocida por la población de Nicaragua, publicándose en un diario de circulación nacional”, dijo.
“Además, se les exige a estas empresas del Estado abrir una página web especial, donde deberán publicar todas sus actividades, el resultado de las auditorías externas y transparentar al pueblo todos aquellos contratos y operaciones mayores a los cinco millones de córdobas”, indicó Aguirre Sacasa.
DEJA CLARO QUE NO HAY DEUDA
El legislador liberal añadió que la iniciativa establecerá que el Estado de Nicaragua no asumirá ninguna deuda mientras el parlamento no lo apruebe.
Algunos sectores temen que la llamada “cooperación” venezolana se convierta en el mediano plazo en una pesada carga para Nicaragua, como parte de su deuda externa.
RAPPACCIOLI Y ARCE ESTARÁN HOY EN LA COMISIÓN
La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto recibirá hoy al ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, y al asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce.
La aprobación del dictamen de la Ley de Transparencia de las Empresas del Estado Nicaragüense depende del tiempo que dure la reunión entre los miembros de la comisión con Rappaccioli y Arce.
Rappaccioli y Arce asistirán ante la comisión legislativa para discutir con los diputados respecto a la crisis energética y sobre el uso de los fondos venezolanos, dijo Aguirre Sacasa.
Mientras, el máximo representante de Petronic, Francisco López, está invitado para el próximo jueves ante la Comisión Económica.
Aguirre Sacasa indicó que la visita de López también será para profundizar en torno al uso de la polémica cooperación venezolana.
EMBAJADOR MINIMIZA
El embajador saliente de Venezuela, Miguel Gómez, dijo que no le correspondía calificar si los 520 millones de dólares que el presidente Ortega maneja de forma discrecional son o no deuda pública, sino que es una tarea de las autoridades pertinentes.
“Hay una parte que por supuesto está aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que es manejada públicamente y que debe ser parte de la deuda pública, y hay una parte que se está manejando entre empresas privadas de ambos países, que supongo yo, deduzco, no es deuda pública”, precisó Gómez.
De forma molesta dijo no creer que el presidente Ortega maneje de forma discrecional los recursos que provienen de la factura petrolera, ya que a su juicio se está manejando “a la luz de toda la comunidad, todo el mundo sabe qué es lo que está manejando el Presidente (Ortega), y él ha dado informaciones públicas”, concluyó el diplomático venezolano.
