El Grupo hotelero Barceló de España, negó el miércoles tener deuda alguna con el Gobierno de Nicaragua, como lo insinuaron funcionarios, sobre la adquisición de una propiedad en el litoral Pacífico por parte de la firma, y sus representantes pidieron al Gobierno nicaragüense que levante el embargo preventivo que tiene sobre el centro turístico de su propiedad, situado en las costas del Pacífico.
El grupo turístico solicitó al Procurador de la República, Hernán Estrada, que representó al Gobierno en la acción judicial, “que por lo menos diga qué es lo que cree que le debemos y que por favor levante el secuestro”, señaló el abogado Tomás Delaney, en una rueda de prensa conjunta con directivos del consorcio.
El procurador Hernán Estrada ordenó embargar las instalaciones del hotel a principios de mes, arguyendo que la cadena lo compró en el “ridículo” precio de tres millones de dólares durante el Gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996).
Estrada sostiene que Barceló debe pagar 1.4 millones de dólares más al Gobierno por la propiedad adquirida en 1993 en las playas de un antiguo ingenio azucarero propiedad del asesinado ex dictador Anastasio Somoza Debayle, 65 kilómetros al suroeste de esta capital.
CONSORCIO COMPRÓ EN BASE A PRECIO DEFINIDO
El asesor jurídico de Barceló Montelimar, Tomás Delaney, afirmó que “Barceló no debe nada al Estado”.
Delaney dijo que Barceló pagó esa cantidad basado en la evaluación y el precio definido por una firma internacional de expertos que asesoró al Gobierno de esa época.
Agregó que el hotel fue comprado en una época en que no llegaban turistas a Nicaragua y le tocó a la empresa “colocar de nuevo al país en el mapa turístico”.
En esa época, el hotel consistía en unas cabañas y la casona histórica de Somoza, pero “si queremos valorar cuánto valía, hay que ir a ver lo que hay ahora, por supuesto vale mucho más”, adujo.
INVERSIONISTAS TRATADOS COMO DELINCUENTES
“El secuestro no es necesario, porque eso está afectando no solo al Grupo Barceló sino a todo el país en sus inversiones turísticas”, dijo el abogado, quien reclamó que el grupo de prestigio internacional es tratado por el Gobierno “como si fuera un delincuente”.
El gerente del hotel, Walter Martino, dijo que el hotel pagó 1.1 millón de dólares en diversos impuestos en 2007 y desde el inicio de sus operaciones en 1994 van 8.7 millones de dólares.
