Es una verdad muy bien sabida que en la sociedad existen dos realidades: la jurídica o ficticia y la propiamente real. Por ejemplo, la Constitución determina en su artículo 27 que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. Y más adelante, en el artículo 64 de la misma Constitución se establece que: “Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho”.
Esa es la realidad constitucional, jurídica y ficticia del país. En la realidad real la mayoría de los nicaragüenses no pueden tener la “vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar”, de la que habla la Constitución. Incluso, para aspirar a una de las minúsculas viviendas que el Gobierno está construyendo en la zona terremoteada de Managua, no sólo hay que hacer una larga fila y llenar un sinnúmero de requisitos, sino que es indispensable presentar una recomendación del FSLN o de sus CPC. Y ni aún así el solicitante garantiza que le adjudiquen la vivienda.
En lo que se refiere a la justicia, la Constitución dice en su artículo 165 que: “Los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y la ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita”. Pero lo que ocurre en la realidad es todo lo contrario de lo que se dice en el texto constitucional.
Por otra parte, para el nombramiento de los magistrados la Constitución establece como requisito indispensable que deben ser abogados “de moralidad notoria”. Y en el artículo 138, inciso 7, señala que la Asamblea Nacional los debe elegir de entre listas separadas “propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. Sin embargo, en la realidad los magistrados son escogidos mediante pacto de las cúpulas de los dos partidos mayoritarios en el Poder Legislativo. Peor todavía, son nombrados por los caudillos del FSLN y el PLC. Y los diputados ni siquiera votan formalmente por cada candidato a magistrado, como lo exige la Constitución, sino que los aprueban en lista o plancha, de acuerdo con las conveniencias de las dos cúpulas políticas que se reparten los cargos superiores y el botín del Estado.
En Nicaragua “la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial...”, dice la realidad jurídica expresada en el artículo 158 de la Constitución. Pero en la realidad real la justicia emana de la residencia del sandinista Daniel Ortega en el reparto El Carmen, y de la casa hacienda El Chile, del liberal Arnoldo Alemán. Y cuando a los políticos de ambos partidos se les pregunta en privado por qué nombran a los magistrados de esa manera, y no como mandan la Constitución y los principios básicos de derecho, de justicia, de decencia política y de honestidad personal, contestan que es por “pragmatismo”, porque según ellos el objetivo del partido es tomar el poder ya sea de manera total o parcial y en todo caso disfrutar de sus beneficios, pues no hay nadie que dé algo a cambio de nada.
Esos políticos “pragmáticos” saben bien que no es correcto lo que hacen, al nombrar de esa manera a los magistrados de justicia. En sus declaraciones públicas, en los discursos de las campañas electorales y en las convenciones o congresos de sus partidos, esos políticos se llenan la boca hablando de los principios y valores eternos de la justicia. Pero en el ejercicio del poder actúan de manera contraria a lo que dicen. Eso, además de amoralidad, venalidad y corrupción es también cobardía, pues como muy bien lo dice la sentencia de Confucio: “Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”.
De manera que los magistrados que la Asamblea Nacional escogerá formalmente en el próximo junio para sustituir o reelegir a los que concluyen su período, de hecho ya están escogidos y nombrados. Los diputados de los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional, sólo van ejecutar lo que ya han decidido los dos caudillos autoritarios y pactistas.
