El jefe en funciones de la Policía Nacional, comisionado general Javier Meynar aseguró hace pocos momentos que la Policía va a asumir toda responsabilidad en el caso de que el informe del Ministerio Público encuentre responsabilidad alguna de los miembros de las fuerzas policiales que participaron en los hechos acaecidos en la finca El Encanto, donde tres trabajadores de la propiedad fueron abatidos de varios balazos el pasado 21 de mayo, en un confuso incidente.

“Como siempre la vamos aceptar, como siempre hemos asumido la responsabilidad y ésta no va a hacer una excepción” dijo el comisionado Meynar este miércoles.

El jefe policial informó hoy que los policías que participaron con un patrulla combinada con fuerzas militares, no están suspendidos, quienes están sujetos a los resultados de una investigación, sin embargo no están desarrollando ninguna labor.

Ante los sucesos que se dieron en la finca El Encanto, ubicada en la localidad El Pavón, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Meynar dijo que la Policía accionó ante una denuncia de amenaza y normalmente en este tipo de situaciones la Policía pide ayuda al Ejército.

En esa ocasión tres campesinos murieron el pasado 21 de mayo acribillados a manos de un grupo de soldados y policías que llegó al lugar.

El Ejército había atribuido inicialmente el incidente a un supuesto enfrentamiento con grupos delincuenciales del Caribe, pero testigos y familiares de las víctimas desmintieron la versión militar ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, organismo que inició una investigación independiente.

Luego de visitar el lugar, el funcionario del Cenidh, Gonzalo Carrión dijo que lo visto en la inspección en la finca El Encanto resultó ser o en lo que se conoce, como “ejecuciones arbitrarias”. Según el Cenidh la actuación de los miembros de la patrulla combinada de la policía y el Ejército está rodeada de una aparente ilegalidad, pues según los testigos, las tres víctimas no murieron en un intercambio de disparos, donde tampoco presentaron las autoridades, una orden de allanamiento ni de captura.