La Cruz de Río Grande. — Unas manchas de cenizas con las que fue cubierta la sangre esparcida en el suelo, es todo lo queda en la cocina de la finca El Encanto, donde quedó el cuerpo de su mandador, José Miguel Salazar. Fue el primero de los tres trabajadores de la propiedad que cayó abatido de varios balazos el pasado 21 de mayo, en un confuso incidente en el que se vieron involucradas fuerzas de la Policía y del Ejército. En esa ocasión un soldado del Ejército resultó herido.
La actuación de los miembros de la patrulla combinada está rodeada de una aparente ilegalidad, pues según los testigos, las tres víctimas no murieron en un intercambio de disparos; las fuerzas combinadas que penetraron el miércoles 21 de mayo a esa propiedad tampoco presentaron una orden de allanamiento ni de captura, la concentración del fuego fue en el interior de la casa de la finca, y hasta ayer se desconocían los motivos de la incursión de las fuerzas policiales y militares.
Luego de visitar el lugar, el funcionario del Cenidh, Gonzalo Carrión, dijo que lo visto en la inspección resulta en lo que se conoce como “ejecuciones arbitrarias”.
El Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, anunció que esa institución investigará los hechos y hoy viajarán nuevamente al sitio a continuar las pesquisas.
Centeno anunció que tras una reunión sostenida ayer con autoridades del Ejército y la Policía, determinaron que será esa institución la que únicamente brindará declaraciones sobre el tema.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuyos funcionarios verificaron versiones este fin de semana en el lugar, anunció que solicitó al fiscal Centeno una investigación autónoma, pero éste dijo a LA PRENSA que no pueden desligarse de la cooperación con ambas instituciones, “que son nuestros aliados naturales, sobre todo la Policía”.
No obstante, consideró que “ya tenemos bastante avanzado el caso, el hecho y los motivos y todo lo que se dio allí, pero necesitamos profundizarlo más para poder llegar a una conclusión”. Centeno ofreció una investigación transparente.
Centeno prefirió también no referirse al hecho de que si la patrulla portaba o no orden de captura, pues se comprometió a no dar información hasta que no haya concluido el caso.
El Ministerio Público designó al fiscal Ludwin Montenegro Barrera y al fiscal de Bluefields, Gerardo Suárez, quienes viajarán al lugar en un helicóptero del Ejército, a investigar el caso. Junto a ellos, indicó Centeno, viajan oficiales de Criminalística para inspeccionar los casquillos.
El funcionario del Cenidh, Gonzalo Carrión, quien junto al coordinador de la filial de ese organismo en Chontales, Denis Báez, confirmó en el sitio que no hubo combate, pero sí hubo excesivo uso de la fuerza, refirió que en derechos humanos esto se conoce como “ejecuciones arbitrarias”.
En el informe presentado ayer por la tarde en Managua, Carrión considera que sobre ese hecho aún quedan “nebulosas”.
“Es el Ministerio Público el que tiene que determinar finalmente si hay mérito suficiente para pasar a los Juzgados y abrir causa o qué hacer. Claro, nosotros compartimos que hay que tomar las medidas que mandata la ley si se comprueba que efectivamente los funcionarios nuestros violaron la ley, violaron el reglamento mismo del comportamiento que obliga a todos los funcionarios del Ministerio de Gobernación. Si se viola la ley hay que cumplirla, la ley hay que cumplirla”, manifestó la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.
La finca donde la semana pasada ocurrieron los sucesos violentos está distante unos 70 kilómetros al oeste de la cabecera de La Cruz de Río Grande, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y es considerada “tierra de nadie” por las difíciles condiciones de acceso.
Los testigos confirmaron, además, que el fuego lo abrieron soldados y efectivos de la Policía, pues momentos antes las víctimas al igual que ellos ya habían sido despojados de sus armas.
En las paredes de tabla de la casa de la finca se aprecian al menos 20 impactos de bala y según los trabajadores de la misma, varios barriles vacíos de combustible y baldes plásticos también presentaban orificios de bala, lo que no se pudo precisar debido a que los miembros de la comisión investigadora que llegó al sitio vía aérea un día después, se los llevó.
En el sitio, el campesino Inés Benítez García, quien sobrevivió a los disparos hechos al momento en que huía, corroboró la versión de la viuda María Estela Sáenz, sobre la forma en que inició el fuego.
Menciona Benítez que después que cada uno de los que se encontraban presentes haciendo labores diferentes en la finca, fueron neutralizados por los tres soldados y tres agentes policiales, y a quienes portaban armas se las ocuparon, en un momento llegó el mandador de la finca, a quién le decían “Millón”, y pese a la presencia de los uniformados, pasó hasta la cocina, donde pidió a su esposa María Estela Sáenz, un vaso de agua, el que ingería cuando uno de los policías le dijo que los acompañaría.
“Vas a pasar”, le habrían dicho los agentes. “¿Para dónde?”, dice Benítez que inquirió el mandador.
La respuesta fue: “Para La Cruz”.
“Enseñá la orden”, le habría pedido el mandador al uniformado.
“Entonces, ¿no vas a pasar?, ni a las buenas ni a las malas?”, le habría dicho el oficial al mandador de la finca, según Benítez, quien asegura que “cuando él dijo eso, se dieron los disparos”. Manifestó Benítez que en esos momentos a él lo tenían neutralizado en la sala de la casa.
Aunque hay una versión confusa y contradictoria de uno de los detenidos, Noel Antonio Rojas López, quien el lunes todavía permanecía en las celdas de la unidad policial de La Cruz del Río Grande, para Carrión esto no varía los resultados del excesivo uso de la fuerza. Tanto para Rojas como para José Alfredo Marenco ordenaron ayer su libertad, después que el Cenidh criticó su detención ilegal por exceder los términos.
Rojas expresó el lunes a los representantes del Cenidh, que aparentemente la víctima, tras negarse a ser conducido por la patrulla combinada porque no le presentaban una orden de cateo y captura, habría intentado sacar de la cintura un revólver calibre 38 que portaba y que por eso se originó la balacera que dejó tres muertos.
No obstante, Carrión señaló que éste les ofreció tres versiones diferentes, una fue que se encontraba haciendo una zanja en el patio, donde tras ser golpeado fue reducido por miembros de la patrulla, y otra que no vio nada, porque fue conducido a la sala y que sólo escuchó varios disparos y que en los mismos logró distinguir que el arma del mandador era accionada.
Benítez señala que una vez que el mandador cayó en la cocina, otro de sus compañeros, Melvin López, conocido como “Chucki”, tomó un machete.
“Yo miré que le dejó ir un machetazo (a un soldado) y se dejó venir de espaldas”, explicando de esta forma que posteriormente a que hirió al soldado, otro de los miembros de la patrulla le disparó, y éste murió instantáneamente.
Benítez relató que al ver que los demás huían, “yo también decidí correr (...) Cuando yo me corro, el finado Santos Reyes va por un árbol (...) Hicieron unos disparos a él y a mí también, me siguieron, pero no supe hasta dónde, porque yo no volví a ver”.
De los trabajadores del lugar, nadie supo precisar cuántos disparos presentaban los tres cuerpos, pero coincidieron en que presentaban varias perforaciones. Y el que intentó huir tenía un impacto en la espalda.
Báez estima que por el uso excesivo de la fuerza, tiene que haber una sanción administrativa a los funcionarios involucrados en este hecho. Y a causa de los muertos debe ventilarse este caso por la vía judicial, porque la Policía y el Ejército no están exentos de responsabilidad penal.
Uno de los tres socios de la propiedad, José Tránsito Ríos, demandó que se investiguen los hechos, pues a su criterio hay un trasfondo más grave.
“Y usted lo está viendo, aquí ni yo sé, tal vez el operativo era para nosotros (...) A lo mejor pensaron que en ese momento íbamos a estar nosotros. ¿Sería con nosotros la cosa?, ¿sería que nos mandaron un mensaje?”, se preguntó Ríos, quien apuntó: “Es que (el hecho) no calza, yo le he dado vueltas y le he dado vueltas”.
Entre los lugareños se comenta que al suspenderse el proyecto Copalar, se proyecta la ejecución de una represa hidroeléctrica al lado del río Tumarín. El lugar donde se construiría la represa está distante a una hora de El Encanto. Ríos, dijo desconocer ese proyecto.
Preguntado el fiscal Centeno sobre los motivos de la presencia de las fuerzas combinadas, dijo que “hay una rencilla de dos propiedades vecinas, y uno de ellos se quejó me parece que a la Policía”.
En la edición de LA PRENSA del 23 de mayo, el fiscal Suárez confirmó que recibieron denuncia en contra de cuatro personas. “Luego de una investigación procedimos a acusar a Gregorio García Blanco, Rafael Díaz Sánchez, Miguel Solano y Arsenio Guerrero Blanco, por abigeato”, dijo Suárez. La denuncia fue presentada por José Tránsito Ríos. Díaz es hermano del magistrado Luis Díaz, del tribunal de Apelaciones de Juigalpa.
El 14 de mayo, el juez de Distrito Penal de Audiencia de Bluefields, Martín Henríquez Sotelo, dictó orden de detención en contra de esas personas, el 15 estaban en poder de la Policía. Pero el 19 del mismo mes la Policía recibió denuncia por parte de Gregorio García en contra los dueños de El Encanto por el supuesto delito de amenazas y daños a la propiedad, y el 21 actuó una patrulla combinada, pese a que desde hacía cuatro días tenían en su poder una orden de captura en contra de García.
(Colaboración de María José Uriarte y Maryórit Guevara G.).
