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El secretario de la Corte, Rubén Montenegro (dcha.), recibe los informes de los abogados que están siendo procesados por el derribamiento de una puerta en los Juzgados de Managua. (LA PRENSA/J. MOLINA)
Litigantes recusan a magistrados CSJ
También van al BID a conocer contrato con la Corte Suprema
Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprensa.com.ni
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Los abogados litigantes, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) procesa por actos escandalosos y daños a la propiedad, recusaron a los magistrados Rafael Solís, Manuel Martínez, Alba Luz Ramos y Edgard Navas, por considerar que éstos ya se implicaron al condenarlos de previo con epítetos como “vándalos” y “primitivos”.

Glenda Orozco, Sergio Torres Cruz, Félix Franco Icaza y Marlon Loáisiga fueron los litigantes que ayer se presentaron en la Corte para rendir informe sobre las quejas que en su contra, de oficio, abrieron los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

Orozco explicó que el proceso en contra de ellos es improcedente, puesto que al momento que ocurrieron los actos violentos en los Juzgados de Managua, ellos no estaban actuando dentro de un juicio, ni forman parte de la Ley de Carrera Judicial, sino que únicamente realizaban una protesta pacífica, a como lo vienen haciendo desde diciembre del 2007, en contra de un sistema de administrar justicia impuesto por la Corte que violenta garantías constitucionales.

Los litigantes también se presentaron en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para pedir explicaciones de por qué ese organismo decidió financiar un proyecto que viola las leyes del país.

Mirna Liévano, representante del BID, no pudo recibir a los litigantes porque se encontraba en otra reunión.

Orozco manifestó que deseaban ver el contrato para el préstamo de 12 millones de dólares, que el BID firmó con la CSJ, pero no fue posible acceder al mismo.

Los litigantes quieren comprobar si el BID condicionó a la Corte para instalar el criticado nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial en Managua, cuando pudo ser implementado como proyecto piloto en una ciudad con menos habitantes y no habría causado mayores problemas.

“Se lo pueden llevar a Somoto o Madriz”, dijo Sergio Torres.

Liévano dijo la semana pasada que el BID nunca ha condicionado a la Corte, pero los magistrados han indicado que el Modelo Judicial debía ser implementado en Managua porque nueve millones de dólares del préstamo del BID están destinados para la construcción del nuevo edificio de los Juzgados de Managua, contiguo a Petronic.

VISOS DE DIVISIÓN

Durante una convención que sostenían los abogados en la Universidad Centroamericana (UCA), los ánimos se caldearon cuando la abogada Glenda Orozco tildó de infiltrados a otros colegas, quienes eran los principales promotores del evento.

Mercedes González, una de las que convocó a la convención, explicó que antes de llegar Orozco habían logrado cerrar filas en contra de las arbitrariedades de la Corte y emitir un pronunciamiento a favor de los litigantes procesados, para que la Corte suspenda definitivamente el proceso administrativo contra sus colegas.

En la reunión se ofendieron unos a otros. Un grupo señalaba de “bota puertas” al abogado Sergio Torres, mientras la otra parte les gritaba “infiltrados”.

La acusación por prevaricato en contra de los magistrados judiciales podría ser presentada mañana, dijo Orozco.

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