Por lo menos un mil millones de dólares en inversiones del sector turístico se encuentran trabados por la no aprobación de la Ley de Costas, que definirá las reglas del juego en la utilización de las costas tanto marítimas como lacustres y de ríos.
Ayer empresarios del sector sostuvieron un encuentro promovido por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) con otras cámaras afectados por esta situación, en el que analizaron los costos en el retraso por la aprobación de esta ley.
Lucy Valenti, presidenta de Canatur, destacó la gravedad de la situación generada por la falta de aprobación de esta ley y aseguró que además hay preocupación en el sector turístico por lo que pueda hacer la Asamblea Nacional en cuanto a dicha ley.
“Es urgente para el sector privado que la ley se apruebe en el mes de junio, ya que se encuentra detenido esperando qué va a pasar con las inversiones”, aseguró Valenti.
El proyecto de ley fue dictaminado desde el año 2005, cuando generó una acentuada polémica con el sector privado, que rechazó muchos de los artículos del proyecto, principalmente el relacionado con el uso de las costas.
Desde ese entonces los empresarios han señalado que esta ley, de quedar como está, pone en grave riesgo las propiedades ubicadas en las zonas costeras.
La situación llegó a más cuando muchos proyectos de inversión congelaron su decisión de invertir en el país hasta que no se definiera esta situación.
LEGISLACIÓN ANACRÓNICA
Inicialmente los diputados que estaban promoviendo el anteproyecto proponían como costas marítimas 200 metros desde la marea alta hacia dentro, sin definir mecanismos de protección de las propiedades ya establecidas en esa zona.
Para establecer esto, los legisladores en ese entonces se basaron en la Ley Agraria de 1917, que establecía 2 kilómetros como área costera. No obstante esta ley fue derogada en 1963 con la Ley Agraria de ese año, que dejó en vigencia los dos primeros párrafos de la ley de 1917, considerada como una ley anacrónica por Sergio Argüello, del bufete Argüello Pereira & Asociados, asesor legal de Canatur y de la Unión Nicaragüense de Productores Agropecuarios (Upanic).
Según afirma, esa ley perdió vigencia con la aprobación de la Ley General del Medio Ambiente, que definió como límite costeros 50 metros hacia adentro.
En este sentido Lucy Valenti aseguró que lograron consensos para introducir una serie de mociones ante la Asamblea Nacional, para garantizar la propiedad privada.
Sin embargo, los empresarios instaron al Gobierno y a la Asamblea Nacional a que prioricen el proyecto de ley y sea aprobado lo más pronto posible, incluyendo las mociones que, según afirman, fueron elaboradas de consenso con el Instituto Nicaragüense de Turismo y que permiten dar seguridad jurídica a las propiedades que se encuentran en las zonas costeras, según afirmó la presidenta de Canatur.
José Adán Aguerri, presidente de Cosep, se pronunció a favor de ampliar el consenso y garantizar la propiedad privada y el uso de las playas por parte de la población.
“Se debe asegurar el respeto a la propiedad privada y a los derecho adquiridos, de forma que la población tenga acceso a las costas y que la servidumbre histórica de paso que hemos tenido a lo largo de los años, mantenerlos y si es posible mejorarlos, y cuando se tenga que hacer accesos de servidumbre sea de consenso con el propietario”, señaló Aguerri.
TURISMO SE DESACELERA
El inmovilismo que ha provocado este proyecto de ley es notorio en los proyectos de inversión, según destacó Raúl Calvet, consultor del sector turístico, quien presentó un estudio sobre los efectos de esta situación.
Hasta la fecha las empresas inversionistas apenas han colocado el seis por ciento de las construcciones de los lotes ubicados en las zonas costeras, como proyectos de inversión.
El reflejo de esto es la caída severa que ha tenido el sector de la construcción turística, según destaca Roberto Lacayo, presidente de la Cámara de la Construcción.
Según Lacayo, la construcción en el turismo ha caído severamente, lo cual se refleja en la baja contratación de mano de obra en las zonas turísticas.
“A los empresarios del sector construcción nos interesa mucho que esta ley sea aprobada lo más pronto posible”, expresó Lacayo.
En este aspecto, la presidenta de Canatur, Lucy Valenti, señaló que el proyecto turístico Guacalito tiene paralizada una inversión millonaria en la zona de Tola, el que una vez terminado generaría entre 5 y 6 mil empleos entre directos e indirectos.
Valenti agregó que éste es un factor negativo que se suma a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y la grave situación planteada por el incremento de los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Roberto Membreño, representante del complejo turístico Marina Puesta de Sol, ilustró la gravedad del asunto.
Esta empresa tiene congelados 30 millones de dólares en ampliación del complejo turístico, la cual podría estar iniciando en octubre de este año. “Sólo esperamos la aprobación de la ley”, indicó.
Esta marina tiene la característica de combinar el turismo de playa con la observación de la naturaleza, así como la práctica de deportes como golf y tenis, explicó el empresario.
Otro de los problemas que enfrenta el sector es el otorgamiento de los permisos para operar, los cuales están siendo retrasados en las diferentes instancias del Gobierno.
