BOGOTÁ .- Familiares de Ingrid Betancourt manifestaron este lunes su esperanza de una pronta liberación de la ex candidata presidencial, tras la designación de un nuevo comandante de las guerrillas de las FARC.
"El hecho que las FARC designaran a Alfonso Cano, de la línea política, más que de la guerrerista, nos parece que es una señal que quieren ir por ese camino" de la negociación política, dijo en entrevista telefónica con la AP Astrid Betancourt, hermana de la ex candidata secuestrada en febrero del 2002 por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC anunciaron el fin de semana que Alfonso Cano, cuyo verdadero nombre es Guillermo Sáenz Vargas, de unos 50 años, fue designado como sucesor de Manuel Marulanda o "Tirofijo", de 78 años, líder fundador de las FARC y quien murió en marzo de un infarto, de acuerdo con un comunicado rebelde.
Dado que Cano, quien estudió antropología y fue negociador a comienzos de los años 90 en mesas de diálogo con el gobierno, es visto como un "hombre culto, progresista...él tiene que pensar que la liberación de los secuestrados civiles va a abrir las puertas para la paz...la comunidad internacional va a reconocer ese hecho" de las liberaciones, dijo Betancourt más temprano a la radio Caracol, explicando las razones de sus nuevas esperanzas por la liberación de su hermana.
NO SE SABE QUIÉN SERÁ EL SUSTITUTO DE CANO
No ha quedado claro de inmediato quién será el sustituto de Cano en el "secretariado" o la jefatura de siete miembros de las FARC, que hasta ahora estaba integrado por Marulanda, Cano, Luciano Marín, alias "Iván Márquez"; Luis Suárez o Jorge Briceño, alias "Mono Jojoy"; Timoleón Jiménez alias "Timochenco", Milton de Jesús Toncel, alias "Joaquín Gómez" y Mauricio Jaramillo o "El Médico".
Los dos últimos comandantes, Joaquín Gómez y Jaramillo, ya habían sido designados este año como nuevos miembros del secretariado de las FARC tras la muerte en marzo de otros dos miembros de la jefatura rebelde, en la que Mono Jojoy y Gómez son vistos como del ala militar y la que mayores golpes propinó al ejército en los años 90.
Hasta la muerte de Marulanda, la guerrilla mantenía su postura de exigir el retiro de militares y policías de Pradera y Florida, dos municipios del suroeste colombiano, para negociar allí con el gobierno las condiciones de un canje o intercambio de unos 40 secuestrados, incluyendo Betancourt, a cambio de cientos de rebeldes en prisiones colombianas.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe se ha negado sistemáticamente a ese retiro o despeje de la fuerza pública y a fines del 2007 presentó como contrapropuesta negociar el intercambio en cualquier otra zona rural del país donde ya no exista presencia militar o de agentes policiales.
