Un amigo médico me relató con preocupación cómo algunos especialistas nicaragüenses son presionados en los hospitales públicos para que se unan al sindicato sandinista de Fetsalud, o al menos se sometan a las imposiciones de éste; y si no lo hacen corren el riesgo de ser despedidos, como ha ocurrido ya en esos centros asistenciales.
Si al final los hospitales públicos pierden a los mejores médicos, sean cardiólogos, urólogos u ortopedas, los más afectados serán los pacientes pobres que necesitan atención especializada en los centros del Estado, porque el especialista se dedicará sólo a consultorios privados, donde en pocos días gana lo que el Gobierno le paga en un mes; o decide un día irse a otro país, donde sea valorado más por sus conocimientos que por su opinión política.
Lo grave para Nicaragua es que el Gobierno de Daniel Ortega está reeditando uno de los errores que cometió el régimen sandinista de los años 80: acosar a los profesionales que se resisten a gritar sus consignas y aplaudir sus discursos.
La pobreza enraizada en el país se debe en parte a que durante la década de 1980 se fueron profesionales competentes y obreros muy calificados, además de jóvenes que se educaban para ser el relevo profesional y hoy destacan en otras naciones.
El economista Francisco Mayorga, en su libro reciente Nicaragua 2010: el futuro de la economía, recuerda que entre 1980 y 1989 se fueron de Nicaragua un promedio de 30 mil personas por año, que en toda la década sumaron 300 mil, aparte de los 200 mil nicaragüenses que huyeron en el período de la insurrección que culminó el 19 de julio de 1979.
“El deterioro del parque productivo, el desabastecimiento rural y urbano, las pérdidas de capital humano por la emigración de profesionales, técnicos y de mano de obra calificada, y las distorsiones del cálculo económico a causa de la fijación artificial de precios y costos por parte de la burocracia, asolaron de manera creciente los diez años del Gobierno sandinista”, precisa Mayorga.
Una película similar hemos visto en los últimos años en Venezuela, bajo el régimen de Hugo Chávez, donde persiste la escasez de alimentos y la distorsión de precios por el control del Estado que fortalece los mercados negros; y los profesionales, incluidos médicos con conocimientos especializados y experiencia, se van a Miami, Costa Rica o Panamá, donde pueden trabajar con libertad.
Además de razones económicas conocidas como la falta de empleo, la nueva ola migratoria de Nicaragua tiene un nuevo ingrediente político: las amenazas de Ortega a la libertad de profesionales y empleados públicos de tener una opinión política propia, de ser críticos y expresar sus ideas sin temor.
Es una política avasalladora que ahora también amenaza a los agricultores, tal como vemos al iniciar el ciclo agrícola 2008-2009, en que el Gobierno pretende abastecer de semillas e insumos sólo a productores que respalden su programa político y tengan el aval de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) u organizaciones gremiales sandinistas.
Por lo visto, a Ortega sólo le interesa facilitar el trabajo de agricultores sumisos, aunque al final del año haya menos frijol y maíz, y más gente con hambre en Nicaragua.
