Han estado promoviendo la protección de los recursos hídricos por 30 años, pero su existencia es desconocida en las zonas urbanas del país.
Uno de los movimientos comunales más veteranos del país, los denominados Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) reclaman un reconocimiento del Gobierno y su posterior respaldo para la labor que desempeñan en las áreas rurales del país.
En el país existen 5,500 CAPS registrados, los que agrupan a 1.2 millones de nicaragüenses en el campo del país.
El reclamo de los CAPS ha sido relanzado con fuerza luego que estas organizaciones comunitarias no fueron tomadas en cuenta en la Ley de Aguas, que entró en vigencia desde marzo pasado.
El reclamo de estas organizaciones es respaldado por el Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (Simas).
SIN PERSONERÍA
El colmo con estas organizaciones es que con tanto tiempo de estar operando en las comunidades del país, no tienen aún personería jurídica.
Marcia Guerrero, representante de los CAPS de Siuna, en el Triángulo Minero, lamentó que los proyectos sobre agua potable no son una prioridad de los distintos gobiernos municipales.
A la vez que no se promueven proyectos para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, tampoco se estimulan iniciativas para la preservación de éstos.
Ricardo Raudales, otro de los miembros de los CAPS, ejemplificó el avance en el deterioro de los recursos hídricos, señalando que casi el 80 por ciento de las aguas que alimentan esta ciudad se encuentran infiltradas por elementos contaminantes.
“Los distintos gobiernos han mantenido en el abandono los proyectos para la preservación del agua potable. Hay que notar que en el mismo Presupuesto General de la República no se toma en cuenta la implementación de la Ley de Aguas”, señaló Raudales.
PRESERVAR AGUA
José Santos Velásquez, dirigente de los CAPS en Chinandega, dijo que uno de los énfasis principales de estas organizaciones es el manejo adecuado de los recursos hídricos.
“Hay un abandono total en la discusión e implementación para enfrentar la deforestación y los efectos del cambio climático”, mencionó.
Otra demanda de los CAPS es que la Asamblea Nacional desempolve y discuta a la mayor brevedad posible una iniciativa de ley sobre manejo de pozos y aguas subterráneas, promovida por estas organizaciones.
Esta ley buscaría un mayor equilibrio en la tarifa por manejo de pozos y aguas subterráneas que se aplica en el campo y en la ciudad. La tarifa en la zona rural, a pesar de ser ésta más pobre, es mucho mayor que la urbana.
