El candidato a la Alcaldía de Managua por la alianza PLC, Eduardo Montealegre, expresó que es necesaria una investigación del proyecto habitacional Casas para el Pueblo, porque si es desarrollado por una empresa privada el Gobierno debió vender los terrenos donde se construye ese proyecto.
Montealegre señaló que el valor de los 130 mil metros cuadrados donde se construye este proyecto puede llegar a los 20 millones de dólares.
“Ese terreno cuesta 20 millones de dólares, ¿cómo puede ser que a una empresa privada se le hayan regalado esas tierras cuando es la misma cantidad que está pidiendo el presidente del Banco Central (a los donantes)”, manifestó Montealegre.
Asimismo, no descartó que desde la Asamblea Nacional su bancada pueda promover una investigación para ver por qué el Estado supuestamente donó a una empresa privada ese terreno.
PARA LA PGR TODO ESTÁ BIEN
El Procurador General de la República, Hernán Estrada Santamaría, indicó el sábado que “no ve mal” que con “una inversión privada venezolana” se esté construyendo las llamadas Casas para el Pueblo en pleno centro de Managua, en propiedades del Estado.
“Ojalá que se construyan más. Las casas se necesitan”, dijo el procurador Estrada cuando se le consultó si no existía ningún conflicto en que tierras del Estado se utilicen para un proyecto privado.
La Procuraduría, institución que vela por los intereses del Estado, avaló de esa manera la construcción de las casas.
El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, confirmó públicamente, en el programa El 2 en la Nación, la semana pasada, que las obras habitacionales son “una inversión privada venezolana”, a pesar de que se está ejecutando en propiedades estatales.
La Contraloría General de la República (CGR) ya pidió al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) que le facilite una copia del contrato con la empresa Tecnology Sistemas, S.A. (Tecnosa), la cual construye las viviendas, y así determinar mediante el análisis del documento si se ha cometido una lesión al Estado.
Sin embargo, Arce trató de justificar que el Invur no es el ejecutor de las viviendas que están contempladas en la primera fase del programa Casas para el Pueblo, sino el fondo Alba, proveniente de las ganancias de la empresa nicaragüense-venezolana Albanisa.
“El Fondo Alba es el que está haciendo las casas, nunca ha sido Albanisa (...) No es un contrato del Estado sino que el Fondo Alba aprobó un monto para el proyecto de viviendas. Lo está haciendo como cooperación, porque lo está haciendo a precios bajos”, dijo en reiteradas explicaciones el asesor presidencial.
