El político mexicano Andrés Manuel López Obrador conoce bien el sistema político y sabe que sus reglas no escritas pueden garantizar impunidad

Andrés Piedragil

“Si es un acto ilegal, ¿por qué las autoridades no actúan?”, pregunta Samuel, un ciudadano inglés que reside en Ciudad de México desde hace tres años y que ve por televisión cómo un grupo de manifestantes mantiene clausuradas las puertas de una de las Cámaras del Congreso mexicano.

Quienes escuchan su pregunta, la familia de su novia mexicana, lanzan varias respuestas: “Porque en México la única certeza es la impunidad”. “Porque al gobierno le aterra la idea de ser acusado de represor”. “Porque los políticos mexicanos no conocen límite alguno”.

Para los extranjeros como Samuel no es fácil entender lo que está ocurriendo en México. Al cierre de esta edición, los diputados del llamado Frente Amplio Progresista (FAP), para evitar que se discuta la reforma energética que ha propuesto la Administración del mandatario Felipe Calderón (cuyo punto central —y más álgido— es una reforma profunda a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), tomaron la tribuna de la Cámara legislativa, colocaron una gigantesca manta con la palabra “clausurado” y desde entonces mantienen en su poder ese espacio, incluso acampando durante las noches ahí, frenando la operación del órgano legislativo y violando de paso sus reglas y las de la Constitución mexicana.

Lo sorprendente es que la autoridad ha hecho esfuerzos mínimos por poner fin a la situación y no ha tomado medidas para detener a los responsables.

Detrás de las acciones del FAP —que reúne a las principales fuerzas de la izquierda mexicana representadas en el Congreso: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Convergencia— está el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente del PRD que no reconoce el resultado de las pasadas elecciones presidenciales y por tanto se autoproclama “presidente legítimo de México”.

Así, aduciendo que la reforma energética del gobierno federal tiene como fin la privatización de la petrolera estatal Pemex, las fuerzas leales a López Obrador tomaron la tribuna con la intención de reventar la discusión. Incluso antes de que ésta se iniciara y a pesar de que el Poder Ejecutivo ha señalado que no se busca una privatización, sino una apertura mayor a la participación de capitales privados nacionales o extranjeros.

La liberación de la máxima tribuna del Congreso no es una posibilidad cancelada por el FAP, siempre y cuando se cumplan algunas de sus exigencias (el tiempo que debe durar el debate, el método que guiará la discusión, la realización de un referendo entre la población; esto último, algo que no es válido constitucionalmente). Una posición de poder y negociación que no deja de llamar la atención: las fuerzas agrupadas en el FAP no tienen mayoría parlamentaria: de 500 asientos disponibles en el Congreso, la alianza izquierdista posee sólo 155.

RESISTENCIA CIVIL, SEGÚN LÓPEZ OBRADOR

Aunque el asalto de la máxima tribuna del Congreso será recordada como una de las acciones más radicales de las fuerzas izquierdistas mexicanas, la realidad es que López Obrador y sus seguidores ya cuentan con un amplio historial de actividades polémicas y cuestionadas por distintos sectores de la sociedad mexicana: bloqueos a autopistas e instalaciones del gobierno federal; el cierre —durante varias semanas— de una vía estratégica en Ciudad de México; obstrucción a obras y proyectos federales de infraestructura, marchas que desquician el tráfico en ciudades, la investidura de un presidente y gabinetes “legítimos”, entre otras.

Estos actos (que López Obrador califica como acciones de “resistencia civil pacífica”), aunque han llegado a causar daño en la operación, las instalaciones y los intereses de terceros, rara vez fincan responsabilidad jurídica sobre los organizadores o participantes de estas acciones. En parte porque los afectados evitan o desisten del ejercicio de una medida legal; y en ocasiones, porque las autoridades prefieren negociar tanto con el PRD como con las instancias afectadas. El hecho concreto es que, en muchas ocasiones estas actividades suponen la violación de la ley.

Sin embargo, las salidas negociadas a estos actos no tendrían que implicar impunidad para López Obrador y sus seguidores. A diferencia de senadores y diputados del FAP, que gozan de un fuero constitucional, López Obrador podría estar sujeto a cualquier proceso para fincar una responsabilidad jurídica. “No tiene cargo público, es un particular”, dice Luis Raigosa, profesor del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), “y muchas de sus arengas y acciones de resistencia pacífica rayan en la ilegalidad, incluso desde el ángulo penal”.

De ahí que muchas instancias, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), responsabilicen a López Obrador de acciones desestabilizadoras, y acusen al gobierno de no hacer valer la ley. “López Obrador y el FAP están incitando a la violencia y a que todo el mundo haga lo que quiera, como en el viejo oeste”, señala Armando Paredes, presidente del CCE, “pero el Estado mexicano tiene la responsabilidad principal de que se cumpla el Estado de Derecho, porque el golpismo (término con el que el CCE califica la toma del Congreso) manda malas señales a los inversionistas”.

Paradójicamente, aplicar sanciones legales a las actividades de López Obrador y el FAP que violenten el Estado de Derecho implica romper una regla sagrada del sistema político mexicano: jamás utilizar la ley para detener las actividades de un rival ideológico, ya que la opinión pública podría inferir que más que una aplicación del Estado de Derecho, se trata de un mecanismo tramposo para frenar al contendiente político, y peor aún, es un hecho de vil represión.

Así, si un grupo de mexicanos sin filiación de ninguna clase intenta bloquear una autopista, lo más probable es que sean dispersados por la policía y acaben sujetos a alguna sanción legal; pero si el cierre de la vía es realizado bajo el paraguas de alguna agrupación, entonces es muy probable que no haya aplicación del derecho y los policías quizá sólo se utilicen para mantener acotada la actividad.