Este año no sólo es clave para los partidos políticos porque se definen los gobiernos municipales. También es la oportunidad de asegurar las posiciones en el poder. Vox populi son las intenciones del Frente Sandinista y el ala arnoldista del partido rojo de consolidar las reformas constitucionales del año 2000, conocidas como pacto, sobre todo a las puertas de la elección de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La idea del repacto hace eco desde las páginas de una reciente publicación bajo la dirección del diputado sandinista Edwin Castro y el magistrado liberal Sergio Cuarezma, A 21 años de la Constitución Política: Vigencia y Desafíos. El texto es una recopilación de las reformas a la Constitución de 1987 que aboga por el cambio del sistema presidencialista al parlamentario.
Domingo consultó a expertos constitucionalistas sobre las reformas a la Carta Magna durante la última década, quienes concluyeron que actualmente son la principal herramienta del partido de Gobierno para perpetuarse en el poder, además del arma de control del líder de la oposición.
“En este país las Constituciones nunca han valido nada, porque la realidad del país es una y la letra de las Constituciones es otra. Aquí no hay condiciones básicas para poner en marcha una Constitución democrática”. Ésa es la conclusión que hace el analista político Emilio Álvarez Montalván de las reformas constitucionales en el país.
Álvarez justifica su afirmación en las continuas reformas que ha sufrido la Carta Magna, bajo distintos Gobiernos en su lucha por mantenerse en el poder. Y según él, el pacto Ortega-Alemán no es el primero en la historia del país. Somoza, dice Álvarez, también acomodó la Constitución para alargar su período.
El experto pasa revista por las reformas a la Constitución de 1987 y concluye que los 21 años de nuestro máximo documento se resumen en repartición de poder. Un poder que en el 87 fue centralizado, en el 95 tendió a la democratización y el 2000 se revocaron los logros alcanzados.
En tanto, la apreciación del constitucionalista Cairo Manuel López no es muy distinta a la del doctor Álvarez. Para él, no solamente la Constitución del 87 y sus ocho reformas han servido para dividirse el poder, sino que los 15 documentos constitucionales que ha tenido el país con sus 19 reformas contienen esa pretensión.
“Reformar la Constitución no significa destruirla, sino simplemente acoplarla a la realidad histórica, sin que pierda su identidad como estructura conformadora del Estado”. Ése es uno de los aspectos que según Pedro de la Vega, citado por el diputado sandinista Edwin Castro en “A 21 años de la Constitución...” plantea sobre las razones de una reforma.
El experto Cairo Manuel López esgrime el mismo argumento que De la Vega con relación a las reformas constitucionales. Sin embargo, López señala que la diferencia con las reformas de nuestro país es que siempre han sido pensadas en beneficio de los que gobiernan sin prever las posteriores contradicciones.
“La Constitución ha sido un instrumento, desde la fundación del país hasta nuestros días, de quienes están en el poder... tienen el inconveniente de congelar en un momento dado lo que pudo ser conveniente para los que ostentaban el poder en ese momento, chocando posteriormente con la realidad”, dice el constitucionalista.
Según López, esa contradicción entre reformas y realidad es lo que llevó al pacto del 2000 a revocar algunos de los logros conseguidos en el 95. De las virtudes de la reforma de 1995, Ley 192, que restaba poderes al Ejecutivo y los pasaba al Legislativo, como la elección de magistrados, procuradores y otros, se pasó a la repartición de los miembros de estos cuerpos colegiados entre los dos partidos pactantes.
Cairo Manuel López también rescata como positivo el hecho que estas reformas hayan nacido del seno de la Asamblea Nacional, pues a excepción de ésta, todas las reformas venían de la Presidencia.
Tanto Álvarez como López ven en las reformas del 95 la única oportunidad en que se pensó en legitimar el sistema democrático. Entre los resultados positivos, los analistas mencionan: descentralizar el poder pasándole poderes al Legislativo (Asamblea), la creación de impuestos quedaba a cargo de la Asamblea Nacional, institucionalizar el Ejército como Nacional, apartidista; creación de la Contraloría General de la República (CGR)y la Procuraduría de Derechos Humanos.
El año 2000 vio nacer nuevas reformas a la Constitución que quedaron inmortalizadas en una foto en la que aparecen los pactantes. Un sonriente Alemán y Ortega sentados y alrededor colaboradores cercanos de ambos líderes.
“La consecuencia (de reformas del 2000) era desmontar, en cierta forma, las reformas constitucionales que se habían aprobado anteriormente al limitar el número de miembros en los cuerpos colegiados y dividírselos en partes iguales”, recuerda Cairo Manuel López. A ello, Emilio Álvarez agrega: “En la práctica fue un reparto de cuotas de poder. Ahora, si vemos la Constitución no lo dice, pero establece el poder para eso porque le da poder a los partidos principales”.
Las reformas del 95 y las del 2000 son las más importantes de las ocho que ha sufrido la Constitución desde 1987. La primera fue en 1990 y el objetivo que perseguía era adelantar las elecciones en las que resultó victoriosa la Unión Nacional Opositora, bajo la dirección de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Otras reformas importantes fueron las del 2005. Éstas pretendían restarle autonomía al presidente Enrique Bolaños, como contar con la aprobación de la Asamblea para nombrar ministros y embajadores. Además, se da en ese año la aprobación de la Ley Marco, la cual pretendía implementar las reformas del 95 que quedaron congeladas.
Pese a todas estas reformas, Cairo Manuel López considera que los diputados no se dan cuenta del poder que poseen. “Por ejemplo, establecer el Presupuesto General de la República, nombrar los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral”, dice.
Los analistas concluyen que las reformas del 2000 fueron un paso hacia atrás. Según ellos, lo que se puede esperar es ese mismo esquema político. Sobre todo porque públicamente se ha expresado el interés por un sistema parlamentario para el cual, aseguran los expertos, no estamos ni política ni culturalmente preparados.
Aparentemente, las apreciaciones de los expertos no están alejadas de la realidad. Hace una semana el doctor Arnoldo Alemán habló públicamente y sin tapujos de cómo negociar los magistrados de la CSJ, según informaron los medios. “Estoy seguro de que el FSLN, sabiendo que en julio se les vence a unos (período de magistrados), pero que a sus tres magistrados se les vence en septiembre, no va a dar sus votos si no se eligen los ocho. Y estoy seguro de que el Frente Sandinista no va a dar sus votos si no le damos los cuatro magistrados; entonces sólo se eligen magistrados llegando a un acuerdo... llegando a un pacto, si es que les molesta la palabra”, dijo Alemán.
Ortega no se quedó atrás. En la presentación del libro que conmemora las más de dos décadas de la actual Constitución expresa su disposición a nuevas reformas y la simpatía por el sistema parlamentario: “...la Constitución Política habiendo alcanzado su mayoría de edad debe de enfrentar una profunda, seria y responsable reforma, un nuevo sistema de gobierno orientado al parlamentarismo”.
La esperanza de las nuevas reformas que tanto los sandinistas como los liberales están interesados en hacer es, según la visión de los expertos, que los cambios sociales apuntan a democratizar el país voluntaria o forzadamente.
López estima que aunque la lógica de los líderes del partido frentista y liberal es el mismo esquema que vivimos, “la dinámica del país va por otro lado, por uno más democrático”.
