El presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, desestimó los argumentos expresados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para iniciar el proceso de cancelación de la personalidad jurídica de esa organización política, y aseguró que toda esa documentación fue presentada en “tiempo y forma” a las autoridades correspondientes en ese Poder del Estado.
Para Sáenz, la resolución del CSE obedece a “la voluntad de los caudillos, la voluntad y la mente tiránica de Daniel Ortega y de su cómplice y socio Arnoldo Alemán”, en su afán de fragmentar el proceso democrático del país e implementar el bipartidismo, así como al temor de la voluntad popular y las posibilidades de ellos, como fuerza emergente ante el caudal electoral.
“De lo que se trata es de una maniobra artera, de una puñalada trapera a la democracia, porque en este caso no sólo se pretende mutilar el derecho de un partido político que ha cumplido los requisitos, sino que el derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir. ¿Y por qué lo hacen? Simplemente porque tienen miedo”, precisó Sáenz.
Ironizó los argumentos del CSE al decir que el MRS enviará una caja de los estatutos a las autoridades electorales, “por si acaso los han perdido”, y recordó que ellos recibieron una certificación de la Dirección de Atención a Partidos Políticos el pasado 25 de febrero, en que les expresaban que eran un “partido legalmente constituido, registrado y que goza de personalidad jurídica”.
ORTEGA QUIERE PERPETUARSE
Por otro lado, la presidenta del Partido Conservador (PC), Azalia Avilés, aseguró que inscribieron el 80.3 por ciento del total de las candidaturas y en el 91.3 por ciento de los municipios, es decir en 137 de los 153 municipios.
Indicó que la medida solicitada por el representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es “por temor ante la inevitable derrota que se les viene encima”.
El coordinador político del MRS, Edmundo Jarquín, calificó la resolución del Poder Electoral como “un paso más de la embestida autoritaria, antidemocrática del gobierno de Daniel Ortega”.
Jarquín considera que Ortega tiene como objetivo, además de perpetuarse en el poder, desviar la atención de los problemas que afectan a la mayoría de los nicaragüenses, como la inflación, desempleo y pobreza.
Ortega “está absolutamente empeñado en un proyecto de consolidación de poder personal, familiar de claro autoritario y dictatorial”, enfatizó Jarquín.
DECISIÓN ES POLÍTICA
Fuentes electorales informaron extraoficialmente que en lo que respecta a las personerías jurídicas del Partido Conservador, el Partido Indígena Multiétnico (PIM) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc), estos dos últimos regionales, les serán canceladas por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 82 de la Ley Electoral, que señala que se exigirá la inscripción de candidatos al menos en el ochenta por ciento de los municipios, e igualmente al menos el ochenta por ciento de las candidaturas.
Sin embargo, en el caso del PIM, su situación es diferente porque esa organización política mantenía una alianza electoral con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) desde 1996, por lo que no presentaba candidatos; y los liberales, al tener diferencias con ellos dentro de la distribución de los cargos a elección popular en el presente proceso municipal, al parecer maniobraron para sacarlos de la alianza, sin notificar a las autoridades del partido regional del Atlántico Sur que no los incluyeron en la escritura actual que presentaron en el Poder Electoral.
De forma preliminar, cuando se cerró el período de inscripciones, el presidente del CSE, Roberto Rivas, manifestó que los conservadores inscribieron 1,627 candidatos, lo que significaba el 80 por ciento y el Pamuc el 92 por ciento.
Otro que informó en ese momento que presentó únicamente el 80 por ciento fue Alternativa por el Cambio (AC), pero no fue incluido en la resolución.
“CORTINA DE HUMO”
Dora María Téllez considera que la resolución va encaminada a “limpiar la mesa para el bipartidismo, para repartirse la elección de la alcaldías, la elección de los magistrados y después hacer una reforma constitucional para la reelección de Daniel Ortega”.
De acuerdo con Téllez, eliminar a las otras organizaciones políticas es también una forma de impulsar “una cortina de humo”.
“Daniel (Ortega) tiene una situación difícil, tiene una gran olla de corrupción gubernamental que se está destapando, tiene una gran incapacidad para resolver los problemas de la economía nacional”, indicó Téllez.
Considera que la maniobra no va a dar los resultados esperados, porque los caudillos no cuentan con el respaldo popular.
El directivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, dijo que los partidos políticos cuestionados cumplen con los requisitos para mantener su personalidad jurídica, por lo que son argumentos espurios.
“Los argumentos no tienen ninguna base, si el CSE se adhiere aunque sea medianamente a su obligación de ejercitar su labor de arbitraje de forma neutral con respecto a los partidos políticos, al final de estos 6 días, cerrará este capítulo de farsa”, apuntó Courtney.
