Uno de los tres campesinos muertos en la finca El Encanto, ubicada entre La Cruz del Río Grande y El Tortuguero, en un confuso incidente con una patrulla combinada, habría sido rematado en el suelo, mientras otro fue rafagueado cuando pretendía huir de las balas.
Minutos antes, los soldados y policías que llegaron al lugar el pasado miércoles, los habían desarmado de las escopetas que sus patrones les habían entregado para cuidar la finca, afectada por la delincuencia.
El testimonio de la viuda de uno de los trabajadores muertos, y testigo del suceso sangriento, desdice la versión inicial ofrecida por autoridades del Ejército en Managua, que aseguraba se trataba de un grupo de delincuentes.
Los propietarios de la finca El Encanto demandaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y en una posterior reunión con el jefe de Relaciones Públicas del Ejército, general Adolfo Zepeda, que el caso no quede impune.
Tras sostener una reunión con los propietarios de la finca, la viuda y representantes del Cenidh, Zepeda anunció que una comisión integrada por la Fiscalía, Asuntos Internos de la Policía y del Ejército, viajaron a la zona para esclarecer los hechos. Zepeda manifestó la decisión de remitir a los tribunales a quienes resulten responsables. “Esperemos a que los hechos sean totalmente esclarecidos y ya daremos a conocer la versión”, dijo Zepeda.
También manifestó el vocero militar que los miembros de la patrulla combinada señalados como autores, están retenidos a la orden de sus respectivos mandos superiores.
El funcionario del Cenidh, Gonzalo Carrión, calificó el hecho como gravísimo.
Señaló que los miembros de la patrulla combinada llegaron “rematando personas”, por lo que solicitaron al general Zepeda un esclarecimento a lo inmediato, “asegurando que no queden dudas”.
Carrión les recordó que por ser el Ejército y la Policía, dos de las instituciones que cuentan con mayor confianza en el país, no pueden darse el lujo de emitir un resultado que deje más dudas sobre este suceso.
Los fallecidos fueron identificados como José Miguel Salazar, Santos Reyes y Marvin López.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, manifestó que si es necesario que un equipo de ese organismo se movilice al lugar, lo harán.
“Teníamos mucho tiempo en el Cenidh de no recibir una denuncia de esta naturaleza, y estamos verdaderamente preocupados y dispuestos a poner todo nuestro empeño, todos nuestros esfuerzos (...) para que este hecho sea completamente esclarecido y definitivamente no quede en la impunidad y que sean castigados los responsables”, sostuvo Núñez.
La presidenta del Cenidh demandó que no se responsabilice sólo a los autores materiales de los hechos, sino también a quienes propiciaron o pudieron haber sido los causantes de esta situación.
Felipe Santiago Hurtado denunció ante el Cenidh que un oficial con grado de teniente coronel y de apellido Torres, de la unidad militar en Juigalpa, les propuso que llegaran a “una negociación”, mientras los cuerpos permanecían tirados en el lugar.
“No pongan ninguna denuncia, nosotros los vamos apoyar, la gente es gente pobre, los entierra, hagan lo que tienen que hacer y nosotros les vamos a dar todo el apoyo necesario”, les habría referido el militar Torres.
Según denunció el productor, el funcionario militar les habría advertido: “Pueden tener problemas, miren, estos muchachos andaban zapatos militar y (como) nosotros somos la autoridad, los podemos acusar de cualquier cosa”.
Además les recordó Torres que tenían en su poder armas, lo que les podía acarrear problemas, por lo que les propuso que dijeran “que ellos se opusieron”.
Hurtado manifestó que “los campesinos estaban indignados” por lo sucedido, y ellos tuvieron “que parar a la gente”, que reaccionó inconforme con la presencia militar un día después de los hechos.
Carrión expresó que esto fue expresado también a Zepeda.
María Estela Sáenz López —cónyuge de José Miguel Salazar—, quien está embarazada, dijo que los miembros de la patrulla llegaron “con fusiles ya listos, pues, sólo de disparar”.
Recordó Sáenz que al momento de la incursión de las tropas combinadas, ella se encontraba sola en la casa, lo primero que hicieron fue buscar si habían armas, cuando no encontraron nada, uno de ellos se le acercó y le preguntó “¿Cuántos armados hay aquí?”, pero ella les inquirió que si se habían presentado era porque llevaban alguna información.
Posteriormente se dirigieron a desarmar a los dos que portaban escopetas. Pero su cónyuge, que se encontraba fuera, donde recogía unos tubos, al ingresar pasó directo a la cocina y le pidió agua.
Un oficial que ella estima era el jefe, “alto, vestido de azul”, le dijo a otro: “Agarralo y manealo”.
“¿Traés orden de captura para que me hagás esto?”, recuerda la viuda que preguntó Salazar.
Pero Sáenz señala que por respuesta escuchó: “Soy yo el que manda aquí”. Antes había dado la orden de “¡Callen a ese payaso!”
Ante la negativa de su cónyuge a que lo amarraran, “entonces fue cuando lo agredieron, le pegaron un tiro en el brazo y después el otro en el pecho, fue cuando él cayó, y después lo terminaron a bala en el suelo”.
“Cuando el otro muchacho miró que José Miguel cayó, entonces se le tiró encima a uno del Ejército, lo macheteó, entonces se voltearon y lo terminaron a bala también, otros dos muchachos que no tenían armas se corrieron, entonces ellos los siguieron a bala, uno de ellos lo mataron, el otro escapó”, relató Sáenz.
“Bebiéndose el vaso de agua estaba cuando ellos le dispararon”, señala la viuda. El primero que disparó fue uno al que llaman “Cobra”.
En Boaco, José Tránsito Ríos, otro de los socios de la finca de 2,500 manzanas, había denunciado que desde hace ocho meses enfrentan un problema en la propiedad, porque Gregorio “García Blanco llegó con una gente a meterse en una de las casas” de la finca de la cual son dueños legítimos.
García comenzó a meter ganado y comenzó a robar los animales de la finca El Encanto, lo acusaron el mes pasado, la orden de detención contra ese señor salió el 14 de mayo, sin embargo el 20 él puso una demanda de que esta gente (los trabajadores de la finca) lo llegaban a agredir, y el 21 se ejecutó la orden.
“A pesar de estar acusado de abigeato, este señor (García) fue a poner la denuncia en contra de los trabajadores, lo que quiere decir que tiene buenas relaciones, porque lo está apoyando Rafael Díaz, quien es hermano del magistrado de Juigalpa, Luis Díaz, nos ha andado amenazando y es quien ha tenido este tipo de problemas de tierras”, acusó Ríos.
El fiscal regional Gerardo Suárez confirmó que la semana pasada fue entregada la orden de captura a la Policía.
