La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió entre líneas que el nuevo Modelo de Despacho Judicial violenta algunas leyes, cuando la magistrada Alba Luz Ramos dio a conocer que el magistrado Francisco Rosales fue designado para realizar una “revisión jurídica” al mismo.
Ramos dijo que si realmente con la implementación del modelo se han realizado algunas reformas de hecho a las leyes, se pedirá a la Asamblea que actúe al respecto.
La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nicaragua, Mirna Liévano, desmintió a magistrados que han dicho que ese organismo condicionó un préstamo de 12 millones de dólares a la CSJ, a que el modelo fuese implantado en Managua, cuando pudo ser implementado en una localidad más pequeña a como ha ocurrido en otros países como España y Chile.
Liévano por otro lado dio un espaldarazo a los magistrados de la CSJ, al decir que es normal que haya resistencia al modelo, porque este implica cambios.
La funcionaria del BID vio con buenos ojos que se forme una comisión para determinar si realmente hay una ley que está siendo afectada por el modelo.
CONDUCTA PRIMITIVA
Mediante un pronunciamiento que leyó el magistrado Rafael Solís, la Corte condenó como actos vandálicos el derribamiento por parte de algunos litigantes de una puerta de los Juzgados de Managua y la agresión a policías.
“El pueblo nicaragüense fue testigo este miércoles 21 de mayo de la conducta primitiva de un grupo de menos de 50 abogados inconformes, de más de siete mil abogados de Managua”, dice el pronunciamiento que según Solís es avalado por los 16 magistrados de la Corte.
Solís también indicó que la Corte se reserva el derecho de hacer uso de las facultades disciplinarias, así como de acusar a los litigantes involucrados en el altercado por daños a la propiedad.
Los magistrados judiciales indicaron que el nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial no será desmontado.
La magistrada Ramos señaló que es la Corte la llamada a determinar cuál es la mejor manera de administrar la justicia y no “un grupo de abogados intransigentes que no quieren que el modelo funcione, sino que sea eliminado, porque tampoco admiten que se le realicen cambios”.
El magistrado Edgard Navas inclusive pidió a la Corte que faculte a los magistrados encargados de velar por el nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial a que éstos tengan poder para separar (despedir) a todos aquellos que se muestren negativos con el buen avance del modelo, una facultad que sólo tiene la Corte Plena.
El magistrado Solís indicó que el modelo funciona, porque en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) no ha habido quejas, pero el magistrado no tomó en cuenta que en los Juzgados de Managua hay mayor carga de trabajo, lo que viene a reforzar que el modelo debió ser implementado en una localidad con menos usuarios de la justicia que la capital.
Agregó que el modelo lo único que trata es de modernizar la administración de justicia y evitar la corrupción.
La magistrada Ramos reiteró que el problema en los Juzgados de Managua no es el nuevo modelo judicial, sino las malas actitudes de algunos trabajadores.
Agregó que si los magistrados que velan por el nuevo modelo realizan alguna sanción a funcionarios del Poder Judicial que no ayudan al sistema, esta decisión deber ser respaldada por la Corte Plena, porque las malas actitudes no son sólo de secretarios, sino hasta de jueces.
Según los magistrados, la decisión de organizar y crear un nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales es una necesidad nacional que surge de la urgencia de cambiar el antiguo modelo, que facilitaba la corrupción y la retardación de justicia.
Ramos dijo que no se pueden atribuir todos los problemas de los juzgados al modelo, porque hay abogados que hasta han dicho que es culpa de éste que en los Juzgados se vende “chancho con yuca”.
