Italia, que vivió una gigantesca emigración en la posguerra, buscará por primera vez en su historia, declarar a la inmigración ilegal un delito penado con cárcel.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, manifestó que la iniciativa, que prevé penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, será presentada en un proyecto de ley al parlamento, donde la derecha cuenta con una amplia mayoría.
En su primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno conservador de Silvio Berlusconi, realizado en Nápoles, ciudad del sur de Italia sumergida por la basura, acordó las nuevas y drásticas medidas para combatir la inmigración ilegal.
En una conferencia de prensa, Berlusconi dijo que las nuevas medidas entrarán en vigor dentro de dos meses. “Estas normas darán resultados muy positivos. Era necesario garantizar a los ciudadanos el derecho a no tener miedo”, afirmó.
La seguridad es “un tema grave, que afecta a todos los italianos” y con estas medidas se les garantiza “el derecho a no tener medio, derecho que el estado democrático tiene el deber de garantizar”, aseguró.
Tema clave de su campaña electoral fue la seguridad, que le dio una victoria aplastante contra la centroizquierda que gobernaba el país.
Los extranjeros condenados a penas de dos años, en lugar de los diez actuales, podrán ser expulsados del país, y se otorgan mayores poderes a los alcaldes en caso de peligro público.
Serán clausurados los centros abusivos habitados por gitanos, a quienes se les verificará si tienen un ingreso monetario suficiente, o serán expulsados.
HASTA CONFISCACIÓN
Los italianos que alquilen viviendas a indocumentados podrán ser condenados a entre seis meses y tres años de cárcel y a la confiscación de la vivienda.
Se establecerán medidas rígidas para los llamados matrimonios de conveniencia, para una más rápida obtención de la ciudadanía italiana. Los dos aspirantes a esposos deberán convivir antes por dos años.
Quitarán la patria potestad a quienes utilizan a sus hijos para pedir limosna y cualquier pena será aumentada en un tercio si el delincuente es indocumentado.
Serán sometidos a controles también los ciudadanos comunitarios: se verificarán sus ingresos y eventuales enfermedades “para evitar que pesen en la comunidad”.
El Ministro del Interior, Roberto Maroni, autor del llamado “paquete de seguridad”, aclaró que éste se aplicará con “pleno respeto de las directivas de la Comunidad Europea”.
Los partidos de oposición han criticado estas medidas.
Lorenzo Cesa, Secretario de la Unión de Centro Democrático (UDC), dijo que “al establecer como delito la inmigración clandestina, se corre el riesgo de agravar el problema en lugar de resolverlo porque paralizará los tribunales y llenarán las cárceles”.
