En la propaganda del gobierno de Daniel Ortega se dice con insistencia que “la corrupción no volverá”. Pero en realidad la corrupción no sólo no se ha marchado, sino que está bien implantada ahora incluso como política de Estado. Por eso, la falta de transparencia es lo que caracteriza al actual Gobierno.
Como es bien conocido, los partidos y movimientos revolucionarios durante la lucha conspirativa que libran por la toma del poder, aplican el llamado “principio” de la compartimentación informativa. Eso significa que cada militante y colaborador de la lucha revolucionaria únicamente debe conocer lo que es indispensable para que pueda cumplir sus tareas. Y en cuanto a los recursos económicos de cualquier procedencia con los que se financian las acciones y operaciones del partido o movimiento revolucionario, los miembros de la organización deben confiar ciegamente en el jefe que los maneja o usa de manera discrecional, sin rendir cuentas a nadie.
En Colombia, la “comandante Karina”, de las FARC, quien recientemente fue capturada por las autoridades militares de ese país, declaró que ella no sabía que su organización tiene vinculaciones con los gobernantes de otros países, como Ecuador y Venezuela. Es muy probable que diga la verdad, pues por sus responsabilidades en la estructura y actividades de las FARC seguramente las relaciones internacionales y particularmente los vínculos con determinados gobiernos, no eran de su incumbencia. Esto era competencia de alias “Raúl Reyes”, el segundo jefe de las FARC que murió el primero de marzo pasado en el ataque del Ejército colombiano contra el campamento que aquél tenía en territorio ecuatoriano, donde fueron encontradas las computadoras portátiles con valiosa información sobre la vinculación entre la fuerza narcoterrorista colombiana y algunos gobernantes izquierdistas de América Latina.
Por otra parte, los partidos y movimientos revolucionarios cuando conquistan el poder político y se convierten en fuerza gubernamental, tienden a seguir aplicando el secretismo y la compartimentación informativa. Se acostumbran tanto a esos sórdidos procedimientos que no pueden prescindir de ellos, ni adecuarse a las formas democráticas de organización y gobierno que por su propia naturaleza deben ser abiertas, transparentes y públicas. De manera que en manos de los conspiradores convertidos en gobernantes, todos o por lo menos los más importantes asuntos de la administración pública son manejados como secretos de Estado y la gente no tiene acceso a información sobre ellos, ni directamente ni a través de los medios de comunicación.
Además, esos políticos conspiradores tienen un concepto absolutista del poder estatal. Así como los déspotas asiáticos de la antigüedad y los monarcas absolutos de la Edad Media europea, creían que su poder político venía de Dios y por lo tanto podían hacer todo lo que les viniera en gana, del mismo modo los revolucionarios totalitarios creen que pueden hacer cuanto quieran, porque su poder viene de las “masas populares” en cuyo nombre dicen gobernar.
Eso es lo que explica el manejo discrecional que el presidente Ortega hace de los cuantiosos beneficios económicos del negocio petrolero con Venezuela, así como su propia confesión pública de que está administrando un presupuesto paralelo de más de quinientos millones de dólares. Por eso es que en las dependencias gubernamentales se han cerrado las puertas a los periodistas independientes. De allí que los accesos electrónicos a la información gubernamental se hayan convertido en sitios de propaganda y la Ley de Acceso a la Información Pública sea papel mojado en manos de la nueva clase dominante.
Por un lado a estos gobernantes “revolucionarios” les interesan únicamente “sus” propios periodistas, que los alaban incesantemente mientras escupen calumnias contra quienes critican al Gobierno y denuncian sus abusos. Y por otra parte, con el secretismo y la compartimentación informativa se oculta la nueva ola de corrupción que ha inundado prácticamente todas las esferas gubernamentales.
Mientras tanto, los magistrados, diputados, contralores y fiscales de la “oposición” liberal arnoldista callan y aprovechan las sobras del festín orteguista.
