El presidente Daniel Ortega alquiló un avión del Ejército de Nicaragua para trasladar clandestinamente a miembros de la agrupación narcoterrorista colombiana FARC, desde Ecuador hasta el territorio nicaragüense, donde les concedió asilo político. Fue una operación clandestina, porque el gobierno de Ortega engañó a las autoridades de Colombia, pues solicitó permiso para que la aeronave militar volara sobre el territorio colombiano a fin de cumplir una misión gubernamental legal y pacífica, no para trasladar a integrantes de las FARC.

La utilización del Ejército para realizar una operación clandestina y hostil contra otro país, cualquiera que este sea, es sin duda un abuso de poder, un acto autoritario, un atropello a la ley y una provocación internacional que merece por lo menos una resolución condenatoria de la Asamblea Nacional. Políticamente es comprensible, aunque injustificable, que Daniel Ortega quiera manipular al Ejército y subordinarlo a su proyecto de restaurar la dictadura. Ortega es un presidente minoritario, elegido con solo el 38 por ciento de los votos de los ciudadanos gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC. Pero además, en los 16 meses transcurridos desde que asumió el poder Ortega ha perdido respaldo incluso entre quienes lo votaron y se identifican como miembros o simpatizantes del Frente Sandinista. De manera que sólo podría seguir en el poder después de cumplir su mandato de cinco años —o entronizar a cualquiera de sus epígonos—, recurriendo a la represión policial y militar contra la población que mayoritariamente lo repudia de manera contundente, tal como lo demuestran las encuestas y se percibe en todos los ámbitos de la sociedad nicaragüense.

Pero, ¿están dispuestos los militares a permitir que de nuevo el Ejército sea politizado y ahora sometido a la voluntad de un caudillo autoritario? ¿Querrán los militares que el Ejército sea otra vez una fuerza armada partidista, intimidante y represiva? ¿Permitirán los militares ser convertidos en guardianes armados de una nueva dictadura? Sólo ellos, los militares, pueden responder a estas interrogantes.

En el caso del uso de un avión militar para trasladar de Ecuador a Nicaragua a las miembros de las FARC , aunque sea un hecho anormal se puede comprender que el Ejército, por sus limitaciones presupuestarias se vea obligado a prestar el servicio de taxi aéreo, tanto a particulares como a instituciones gubernamentales y al mismo titular del Ejecutivo. Pero con toda seguridad, en cualquier caso y particularmente cuando el servicio de taxi aéreo militar se presta a escala internacional, el Ejército debe verificar previamente que se trata de negocios normales y lícitos. De manera que en lo que se refiere al vuelo a Ecuador del avión militar Antonov 16, para transportar a las combatientes de las FARC a las que Ortega dio asilo político en el país, cabe suponer que los mandos militares fueron engañados e ignoraban que se trataba de una operación clandestina. Lo más probable es que esta autoridades creían que todo estaba en regla, incluyendo la autorización del vuelo sobre el territorio de Colombia, e ignoraban la identidad de las singulares viajeras. En realidad, queremos creer que el Ejército ha sido víctima de una manipulación del presidente Ortega. Por el bien de Nicaragua necesitamos creer que el Ejército es ajeno a las andanzas conspirativas de Daniel Ortega, quien prácticamente ha declarado la guerra a Colombia al identificarse absolutamente con las FARC y de esa manera está poniendo en grave peligro la paz nacional y regional que tanto ha costado conquistar y mantener.

“El Ejército de Nicaragua”, se dice en el artículo 95 de la Constitución: “Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República…” Pero antes de eso, en ese mismo artículo constitucional se dice que: “El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia”. El estricto acatamiento a ese precepto constitucional, o sea su institucionalización y profesionalismo, es lo que le ha dado al Ejército la fortaleza y credibilidad nacional e internacional que goza ahora, después de 16 años de vida democrática. Y cuesta mucho creer que los mandos del Ejército quieran tirar a la basura ese patrimonio tan valioso, que ha sido tan arduo lograr y sería mucho más difícil recuperar.