El abominable fallo de culpabilidad que el juez Celso Urbina dictó en contra del Diario LA PRENSA, por injurias que nunca fueron probadas, constituyó una agresión contra la libertad de expresión en Nicaragua, según confirmó una medición de opinión pública que realizó M&R Consultores en todo el país.
El fallo es una muestra palpable del deterioro que existe dentro del Poder Judicial, el que en la misma encuesta también fue castigado por la opinión pública, la cual considera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trabajan principalmente en función de sus intereses particulares y partidarios, antes que en pro de los intereses de la ciudadanía.
LOS ENCUESTADOS
La encuesta fue realizada a un mil 600 personas en todo el país, entre el 3 y el 9 de este mes de mayo. Científicamente tuvo un margen de error de 2.50 por ciento, pero un nivel de confianza de 95.5 por ciento.
El juicio contra LA PRENSA fue promovido por cinco mujeres miembros de los Gabinetes del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) del Distrito Cinco de Managua, quienes dijeron que fueron calumniadas por LA PRENSA, debido a que el 20 de diciembre del pasado año 2007 este Diario publicó una nota en la que destacaba la agresión a uno de sus periodistas por parte de la seguridad del presidente Daniel Ortega, en un encuentro que éste sostuvo con pobladores del barrio Ariel Darce.
La nota fue titulada “CPC con licencia para dar golpizas” y aunque en ninguna parte del escrito noticioso se menciona el nombre de las querellantes, todas dijeron sentirse ofendidas porque en su barrio los vecinos les comenzaron a llamar pandilleras.
Durante el juicio el abogado de las querellantes, Eduardo Mejía, se enfocó en demostrar la inexistente calumnia, delito por el cual se abrió el proceso, pero al final el juez Urbina condenó a Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez, presidente y jefe de Redacción de este Diario respectivamente, por el delito de injurias, el cual tiene componentes muy diferentes al de la calumnia.
TERRORISMO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En la encuesta, el 62.7 por ciento de los un mil 600 entrevistados respondió que efectivamente el juicio y la condena fueron una agresión contra la libertad de expresión, mientras que apenas un 16.9 por ciento afirmó que no lo es y un 20.4 por ciento prefirió no opinar.
De todos los encuestados que dijeron simpatizar con la Alianza PLC-Vamos con Eduardo, el 76.1 por ciento dijo estar de acuerdo con que el juicio contra LA PRENSA fue una abierta agresión en contra de la libertad de expresión en el país.
También hubo simpatizantes del sandinismo que estuvieron en contra de la maniobra judicial de su partido en contra del Diario LA PRENSA, pues el 44.4 por ciento de los encuestados sandinistas reconoció que el juicio se trataba de una violación a la libertad de expresión.
El 67.2 por ciento de otro grupo de entrevistados, denominados como “independientes” por no simpatizar con ningún partido, también reconoció la utilización del Poder Judicial por parte del sandinismo como un arma para maltratar la libertad de expresión en Nicaragua.
DESCONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL
Los encuestados también expresaron su preocupación por la falta de garantías que existe en los procesos judiciales y determinaron que no hay seguridad de que el procesado va a ser dejado en libertad si es inocente, o condenado si realmente es culpable.
El 24.7 por ciento de los entrevistados dijo percibir que hay buen funcionamiento de la justicia, pero una mayoría, el 65.4 por ciento, dijo observar lo contrario.
NI LOS SANDINISTAS CONFÍAN EN EL PODER JUDICIAL
Es llamativo que ni los propios simpatizantes del partido Frente Sandinista (FSLN), que domina en número de jueces a los liberales, dijeron sentir confianza en el Poder Judicial. El 59.1 de los entrevistados que dijeron ser sandinistas manifestó su desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial.
DESAPRUEBAN TRABAJO DE MAGISTRADOS
Además, un 39.6 por ciento del total de encuestados desaprobó el trabajo de los magistrados judiciales; sólo el 12.6 por ciento calificó de positivo el actuar de los magistrados, mientras que un 42.2 por ciento ni lo aprobó ni desaprobó y un 5.5 por ciento no quiso opinar.
Para realizar el estudio, los encuestadores entrevistaron a las personas cara a cara, en las viviendas de cada una de ellas. Es la encuesta número 17 de este tipo que realiza M&R Consultores desde el 2002 y la cuarta durante el actual gobierno.
