La decisión del presidente Daniel Ortega de otorgar asilo a Lucía Morett, de origen mexicano, y a Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, de nacionalidad colombiana, tendrá como consecuencia la interpelación de varios funcionarios del Gobierno sandinista y del jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, anunció ayer el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, tras finalizar una reunión de los diputados y directivos de esa organización.
Halleslevens alquiló al presidente Ortega un avión Antonov del Ejército de Nicaragua, para trasladar a las colombianas que se encontraban en Ecuador, recuperándose de lesiones sufridas durante el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país, lo que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador.
Uno de los primeros funcionarios que será interpelado es el canciller Samuel Santos, por la comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, para que explique el manejo de la política exterior del presidente Ortega, sobre todo la relacionada con las FARC, una guerrilla considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Las FARC no cumplen con las normas del Derecho Internacional de guerra humanitaria, como está contemplado en los Convenios de Ginebra; las FARC tampoco llenan los requisitos del Derecho Internacional humanitario”, precisó Teller.
EJÉRCITO INVOLUCRADO EN DELITO
Para el vocero del PLC, la situación de la política exterior del Gobierno de Nicaragua se agrava después que la justicia de Ecuador decidiese solicitar prisión preventiva para las sobrevivientes del ataque a una célula guerrillera de las FARC, el pasado primero de marzo, por fuerzas militares colombianas.
“El Estado de Nicaragua, a través de su Jefe de Estado, no solamente involucró al Estado nicaragüense en un delito internacional que es coadyuvar a una fuga de delincuentes, señalados por actos de violencia, terrorismo, sino que involucró al Ejército de la República de Nicaragua en un delito internacional”, afirmó Teller.
Esto porque el presidente Ortega alquiló un avión de la Fuerza Aérea del Ejército para trasladar a las colombianas a territorio nicaragüense, lo que ha sido confirmado por funcionarios de Gobierno, como el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, quien no ve “nada de malo” en que el Gobierno rente un avión para trasladar a personas extranjeras “amenazadas de muerte, que pidieron un asilo que el país les concedió”.
La Comisión de Justicia, presidida por el diputado liberal José Pallais, también solicitará la comparecencia del Fiscal General, Julio Centeno Gómez y del procurador Hernán Estrada, para que expongan los argumentos con que otorgaron asilo a las tres mujeres vinculadas con las FARC, que ahora permanecen en Nicaragua bajo la protección de la Administración de Ortega.
“¿Bajo qué figura se le va a dar asilo a personas, cuando la institución del asilo contempla que por delitos comunes están inhibidos de que se otorgue asilo?... Aquí estamos hablando de personas que tienen causa abierta y supuestamente orden de arresto por actos terroristas, no califican para un asilo”, enfatizó Teller.
Otro de los aspectos que abordarán con el canciller Santos, durante su comparecencia, será lo de la votación de Nicaragua en la Organización de Naciones Unidas (ONU), respaldando programas nucleares de Irán y Corea del Norte.
Una de las interrogantes para el canciller Santos es en qué beneficia a Nicaragua el respaldar programas nucleares de naciones que “atentan contra la paz mundial”.
