Cuando Eduardo Montealegre pronunció esta frase en su última conferencia de prensa, hablaba por ese sesenta y dos por ciento que le dijo “no” a Daniel Ortega en las pasadas elecciones, quien en sus 16 meses de gobierno ha demostrado una incapacidad difícil de igualar. Su secretismo pareciera fundamentarse en un principio a todas luces surrealista: “si no hablo de ello no existe”. No hay Dios que lo haga abordar los temas que afligen a la población. En lo que sí ha acertado es en dividir a los nicaragüenses en dos partes, los miembros de los CPC y el resto. Si la pareja presidencial pretendió con esta división polarizar la nación, lo logró, pero mientras tanto las continuas crisis pican y se extienden.
Comencemos por la generada por el Consejo Supremo Electoral, cuyos miembros de una manera arbitraria e inconstitucional suspendieron las elecciones en tres municipios del Atlántico Norte. La forma en que Ortega ha defendido semejante adefesio deja al descubierto que tanto el CSE como el Ejecutivo estaban coludidos para escamotearle a los pobladores de esos tres municipios el derecho constitucional a elegir sus autoridades. Esto tiene a la Asamblea paralizada en un dramático intento por recuperar su derecho constitucional de ser el único poder del Estado con autoridad para interpretar y hacer cambios a la Constitución. Como resultado de esta parálisis la comunidad internacional nos niega el desembolso de aproximadamente doscientos millones de dólares.
Otro poder del Estado que se encuentra paralizado es la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados se niegan a resolver las justas demandas de los trabajadores judiciales, creando con ello un caos en la administración de justicia. Por si esto fuera poco, agreguemos la crisis energética. ¿Se acuerdan del turbio acuerdo con una compañía panameña, o del intento de compra de repuestos a una compañía casi fantasma española? Sobre estos intentos de fraude al patrimonio del Estado no hubo investigación alguna. Otro ofrecimiento del Presidente que fue a parar al bote de la basura fue su promesa de cero desempleo, pues sólo en la Zona Franca se han perdido nueve mil empleos directos, los que sumados a los más de seis mil despidos en el Gobierno, más los diez mil empleos que están en proceso de despidos también en la Zona Franca, hacen la dramática suma de 25 mil nicaragüenses que dejarán de llevar el sustento diario a sus hogares. En lo que a mi respecta, no he escuchado a nadie del Ejecutivo referirse con seriedad al tema.
En el ámbito internacional, son varios los donantes que nos han retirado su apoyo alegando falta de transparencia en el manejo de su ayuda, y la amenaza cada vez mayor a nuestro sistema democrático por parte del Ejecutivo atenta contra la escasa asistencia que todavía nos queda por parte de algunos organismos internacionales. En cuanto al reciente fracaso de la cumbre alimenticia, era de esperarse ya que el ofrecimiento de la zanahoria y el martillo era una estratagema demasiado burda para engañar a gobernantes de la estatura de Oscar Arias.
Para finalizar tenemos la crisis del transporte. El costo del petróleo hace insostenible los actuales precios del pasaje, pero el Gobierno sigue apegado a su hermetismo negándose a usar el dinero del petróleo venezolano para subsidiar el costo de los combustibles. Si todas las razones ante mencionadas, más otras que por falta de espacio se me quedan en el tintero, no son suficientes para solicitarle al presidente Ortega que renuncie por falta de capacidad para resolverlos, entonces los orates seríamos nosotros. Si Ortega y su gabinete quieren saber cuánto les queda del 38 por ciento que creyó en él, le recomiendo un referendo revocatorio. A menos que su CSE salga en su defensa alegando problemas técnicos para realizarlo.
