Los propietarios del Hotel Barceló Montelimar están preocupados y extrañados por la actitud del Gobierno de Daniel Ortega, porque a su juicio les secuestra el inmueble como si fueran delincuentes, cuando no le deben nada al Estado, explicó el representante legal de esa empresa, Tomás Delaney Solís.
Pero el procurador General de la República, Hernán Estrada, insistió en que no es posible que trescientas manzanas de tierras a la orilla del mar y un hotel del que se beneficiaba todo el pueblo, hayan sido vendidos en sólo tres millones de dólares. “No cuadran los números. Un hotel que servía para la población, todos lo disfrutábamos”, expresó el procurador Estrada.
En 1993, mediante el acuerdo presidencial 104-93, el Gobierno autorizó a la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) a privatizar el Complejo Turístico Montelimar, que fue vendido luego a la española Barceló en poco más de tres millones de dólares.
Delaney Solís, ex asesor legal de la Presidencia, durante el Gobierno de Violeta Barrios, explicó que para privatizar esa propiedad del Estado la misma fue valorada por expertos.
“Incluso ni siquiera fue el Gobierno el que valoró, sino que fueron expertos quienes valoraron, dieron un precio y ése fue el precio que pagó Barceló”, dijo Delaney Solís.
El representante de Barceló indicó que tres millones de dólares fue el precio establecido por los expertos y ese monto fue pagado por Barceló en efectivo, “de un solo golpe”, en 1993.
El procurador Estrada indicó que sólo bastaría indagar cuánto vale la vara cuadrada de terreno donde ahora es Barceló Montelimar, a orillas del mar, para darse cuenta de “la gigantesca lesión que hubo al Estado”.
Estrada aclaró que la deuda por la cual el Estado procedió a realizar el secuestro judicial en contra de Barceló Montelimar no es por el precio original de compra que fue un poco más de tres millones de dólares, sino por un remanente de esa deuda, determinada por la ecuación de varios indicadores en concepto de ocupación, del cual el Estado no ha recibido ni un centavo y más bien con el tiempo se ha incrementado.
El funcionario expresó que no podía precisar con exactitud el monto de la deuda porque “hay varios estándares de cálculo y varias estimaciones para calcularla”, aunque señaló que “se trata de varios millones de dólares”.
“Lo que seguramente te puedo decir es que no puede ser lo que ha recibido el Estado”, dijo Estrada, refiriéndose a los tres millones de dólares que Barceló dice ya pagó por Montelimar.
“Lo curioso es que el que era secretario legal de la Presidencia, en ese entonces (1993), es el representante legal ahora de Barceló, el que era secretario legal de la Presidencia, Tomás Delaney. Curioso, sólo te dejo esa curiosidad, no estoy señalando nada más que una curiosidad”, añadió Estrada.
Consultado sobre las declaraciones del procurador Estrada, Delaney Solís indicó que cuando fue funcionario público no tuvo vínculos de ningún tipo con la empresa española.
“Yo soy representante de varias empresas ahora, yo ya no trabajo para el Estado. En ese entonces yo no era abogado de Montelimar, yo comencé a ser abogado de Montelimar mucho después”, dijo Delaney.
