Altos funcionarios de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) dejaron ayer prácticamente cerrada la Declaración de la Cumbre de Lima que contiene una ambiciosa agenda política, comercial y social, y que será proclamada el viernes por los jefes de Estado y Gobierno de ambas regiones.
El documento, de 15 páginas, al que tuvo acceso Efe, lleva por título Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos y contiene un programa muy exhaustivo con los compromisos que asumen los 60 países.
Lo que se conocerá como Agenda de Lima establece los objetivos compartidos en dos grandes áreas, la lucha contra la pobreza y los efectos del cambio climático, así como la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el comercio y la inmigración.
Los viceministros de Relaciones Exteriores hicieron lo posible, en reuniones a puerta cerrada, para ponerse de acuerdo sobre cómo seguir con las negociaciones para la consecución de acuerdos de asociación entre la UE y los distintos grupo subregionales.
DESTACAN ASOCIACIÓN
De acuerdo con el borrador, los países de América Latina y Europa continuarán “activamente las negociaciones para alcanzar acuerdos de asociación como un objetivo estratégico común”, al que los dos bloques otorgan una “alta prioridad política”.
Buenas intenciones que contrastan con las expectativas de algunos países, que se resignan a seguir el mandato europeo de negociar bloque a bloque, cuando en realidad preferirían dialogar de forma unilateral con la UE.
Es el caso de Colombia y Perú, ambos miembros de la Comunidad Andina, junto a Bolivia y Ecuador.
El documento final de la Cumbre también supondrá un compromiso para profundizar en la integración regional, así como para respetar la integridad territorial e independencia política.
“Reafirmamos abstenernos de la amenaza o uso de la fuerza inconsciente con los propósitos y principios de las Naciones Unidas en nuestras relaciones internacionales y para preservar la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional”.
Esta declaración coincide con los intentos de resolver la peor crisis diplomática entre dos países latinoamericanos en los últimos años: Colombia y Ecuador.
Esta controversia surgió a raíz de una incursión militar del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano para acabar con un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con el documento, los líderes rechazarán también “las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que sean contrarias al derecho internacional y a las normas generalmente aceptadas por el libre comercio”.
En concreto, se volverán a referir a la Ley Helms-Burton, por la que prevalece el bloqueo comercial a Cuba por parte de Estados Unidos.
Los altos funcionarios se pusieron de acuerdo sobre la necesaria cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y armas, crimen organizado y terrorismo, “incluyendo la toma de rehenes”, en una clara alusión al conflicto colombiano.
