Desesperado se encuentra el ciudadano Julio César Navarrete Báez por la negligencia con que la Fiscalía ha tratado una denuncia suya en contra de varios abogados, quienes supuestamente han falsificado documentación pública para despojarle de una propiedad de mil metros cuadrados, ubicada en las costas de Casares, departamento de Carazo.
El caso fue denunciado en el Ministerio Público de Diriamba, ante el fiscal Eduardo Rubí, desde el mes de julio del año 2007 por Navarrete Báez, también abogado.
La denuncia detalla la falsificación de tres escrituras, todas ellas número 91, mediante la cual un grupo de abogados le vendió al médico Jafeth Mendieta Mendieta el lote de terreno número 97 del reparto Miramar en Casares, el cual es propiedad de Navarrete Báez desde hace más de 39 años.
Navarrete Báez explicó que entre los documentos falsificados también se encuentra la solvencia de revisión y disposición extendida por la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) en febrero de 1995 a Isabel Reyes Morán, misma que fue utilizada para vender el terreno costero de Navarrete Báez a Mendieta Mendieta, sin el conocimiento de Reyes Morán.
LES NEGARON SOLVENCIA
El afectado detalló que los abogados se vieron obligados a falsificar dicha solvencia debido a que la misma OOT les había negado ese documento sobre la propiedad ubicada en Casares.
Según Navarrete Báez, con la falsificación de esa solvencia los abogados que están usurpando su propiedad sorprendieron al Registro Público de Jinotepe e inscribieron la propiedad.
La dueña original de la propiedad es Isolina Baltodano de Rappaccioli, a quien Navarrete Báez asegura haberle comprado hace más de 30 años, junto a otro terreno contiguo, el número 98, donde ahora está construida en una quinta.
Según Navarrete Báez, él fue sorprendido por el médico Mendieta Mendieta en junio del año 2002, cuando llegó junto con la Policía de Diriamba, dos abogados y un grupo de civiles armados con machetes, palas y barras para irrumpir violentamente en su propiedad y desde entonces está en posesión de la misma.
Uno de los hallazgos de Navarrete Báez, quien se ha dedicado a investigar cómo le usurparon su propiedad, es que Concepción Lea González, ex Procuradora Departamental de Justicia de Diriamba, supuestamente decretó, el 22 de abril del año 1990, la expropiación del lote de terreno número 97 que perteneció a Isolina Baltodano, para luego donarlo a Luciana Hernández, quien a su vez es la persona que le vendió al doctor Mendieta Mendieta.
González, para expropiar a Baltodano se habría basado en la Ley 86, Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos, la cual según Navarrete Báez no se aplica para terrenos costeros, sino sólo a los ubicados en la ciudad.
NO HAY REGISTRO DE EXPROPIACIONES
En julio del año pasado, LA PRENSA consultó a González sobre la denuncia de Navarrete Báez, pero la abogada dijo no acordarse de la propiedad en disputa. “Han transcurrido 16 años, se trabajó con tantas propiedades y no tengo elementos necesarios para responder”, alegó González.
La ex Procuradora de Justicia de Diriamba explicó que no existe control de las expropiaciones y donaciones de terrenos realizados bajo la Ley 86, creada al final del gobierno sandinista de los años ochenta.
En ese entonces el médico Mendieta Mendieta aseguró a LA PRENSA que él compró de “buena fe” el disputado lote y averiguó que el abogado Navarrete Báez sólo es dueño de un lote de terreno en Miramar, una quinta denominada Linda Mar.
