En una sorpresiva medida, el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó el martes a Estados Unidos a 14 encarcelados paramilitares, en un operativo aplaudido por Washington, pero intensamente criticado por grupos de activistas y parientes de víctimas de esas bandas armadas.
Televisoras locales divulgaron imágenes de la llegada del avión a la terminal de Opa Loka, en Miami, cuando al menos una decena de los 14 extraditados, descendían con las manos esposadas y después escoltados a cada lado por un agente de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, en chaquetas negras.
Entre los extraditables están Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias “Don Berna”, de acuerdo con una lista divulgada por la casa de gobierno. Ambos estaban entre los jefes más reconocidos y activos de esos escuadrones de la muerte a los que se atribuye cientos de asesinatos, así como tráfico de drogas.
Se prevé que la audiencia judicial será este miércoles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en una nota que como parte de la solicitud de extradición, Washington dio garantías al Gobierno de Colombia de que “no pedirá la cadena perpetua para ninguno de los acusados, sino que pedirá penas de cárcel de varios años”.
El presidente Uribe dijo en un mensaje en cadena de radio y televisión que tomó la decisión porque el grupo de paramilitares incumplió reglas, acordadas en su desmovilización, al no decir toda la verdad sobre sus crímenes y entregar bienes para reparar a las víctimas.
Aseguró además que Bogotá pidió y Estados Unidos aceptó que tanto funcionarios colombianos como ciudadanos de este país puedan enviar representantes a los juicios en aquella nación.
“El Gobierno ha pedido y los Estados Unidos han aceptado, que las riquezas que las personas extraditadas entreguen por acuerdo con jueces de ese país, se dedique a reparar a las víctimas colombianas”.
“El país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar la reincidencia en el delito”, dijo Uribe, destacando que la extradición no significaba que el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares, iniciado a partir del 2003, hubiera acabado porque, dijo, al menos otros 600 miembros de esas bandas seguían en prisión y colaborando con la justicia.
Al someterse a la llamada ley de Justicia y Paz, los paramilitares se desarmaron, acordaron entregar sus bienes mal habidos para reparar a las víctimas y confesar sus crímenes para poder dar a parientes de desaparecidos y asesinados el derecho constitucional a conocer la verdad. Al cumplir esas normas, la ley les daba como beneficio una pena máxima de ocho años de prisión y suspender sus procesos de extradición, si los hubiera pendientes.
Citado en una nota de su despacho, el Fiscal General, Mario Iguarán, cuyo despacho estima que los paramilitares causaron al menos 10,000 muertos en la última década, dijo que debido a confesiones de jefes encarcelados se ha podido ubicar a 450 cadáveres de víctimas de estas bandas, dando así “satisfacción, en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura sicológica” por no saber el paradero de sus seres queridos.
La medida del Gobierno tomó por sorpresa a abogados defensores y grupos de víctimas que han criticado la decisión de Uribe alegando que ahora será muy difícil conocer la verdad sobre sus delitos de lesa humanidad.
“Éstos son los principales criminales en términos del grueso de la violencia en derechos humanos en Colombia y van a terminan siendo sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas del Human Rights Watch. “Esta operación significa que las víctimas van a ser los grandes perdedores”, agregó Vivanco en entrevista telefónica.
La extradición es una “burla” a las víctimas y evita que sus confesiones sigan salpicando al Gobierno colombiano por vínculos de funcionarios y congresistas aliados con la extrema derecha, señaló este martes el Polo Democrático Alternativo (PDA), principal partido opositor, en un comunicado.
La colectividad añadió que esto “sigue dejando impunes los procesos en curso en Colombia por delitos de lesa humanidad”.
“Como si fuera poco, la extradición de los cabecillas paramilitares evita también que sus confesiones sigan incriminando congresistas de la coalición (que apoya a Uribe) e involucrando a integrantes de la rama ejecutiva en el proceso de la parapolítica”, subrayó.
