Bolivia afrontará en los próximos meses al menos 13 procesos electorales, uno de ámbito nacional y el resto departamentales, cuando se convoque al referendo revocatorio sobre el mandato del presidente Evo Morales y los gobernadores regionales.
Esta cifra podría ser incluso mayor si también se somete a consulta la Constitución de Morales, si regiones como Cochabamba o Chuquisaca deciden iniciar el camino hacia la autonomía y si el revocatorio da paso a nuevas elecciones en caso de que el presidente o algunos prefectos no sean ratificados.
Como intuían analistas, 2008 está llamado a ser “el año de los referendos” en Bolivia, con un ciclo de consultas que inició el pasado domingo en el próspero departamento de Santa Cruz (oriente) para aprobar su estatuto autonómico, en un proceso que el Gobierno considera “ilegal” y “separatista”.
Las siguientes votaciones serán en las también opositoras regiones de Beni, Pando y Tarija que, el 1 de junio las dos primeras y el 22 de ese mes la tercera, celebrarán tres consultas, tampoco reconocidas por el Gobierno, para ratificar sus estatutos autonómicos.
Pero, además, el pasado jueves y de forma sorpresiva el Senado aprobó una ley para convocar un referendo en el que los bolivianos determinarán la continuidad o revocación tanto de Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, como la de ocho de los nueve prefectos departamentales, salvo el de Chuquisaca donde habrán elecciones en junio debido a la dimisión del gobernador titular.
Este referendo revocatorio, que Morales ha aceptado con “satisfacción”, supondría nueve consultas: una de carácter nacional para decidir sobre el presidente y vicepresidente y el resto departamentales para revocar o ratificar a ocho gobernadores.
El mandatario afirmó ayer en La Paz que el Senado no le ha enviado aún la ley de convocatoria de este referendo, que se tendría que celebrar en los noventa días siguientes a su promulgación.
Este proceso podría dar lugar a un nuevo ciclo electoral si los bolivianos deciden en las urnas no ratificar a alguna de estas autoridades.
Es previsible que el revocatorio se aplique a ocho de los nueve prefectos del país, porque la región de Chuquisaca (sureste) cuenta en la actualidad con un gobernador interino.
El prefecto titular huyó del país tras los episodios violentos ocurridos en noviembre pasado en Sucre, la capital del departamento y constitucional del país, que causaron tres muertos y más de 300 heridos durante las sesiones de la Asamblea Constituyente. Precisamente, Chuquisaca celebrará elecciones el 29 de junio para elegir un nuevo prefecto.
En el apretado calendario electoral que afronta Bolivia queda por determinar qué pasará con los dos referendos que necesita el proyecto de Constitución de Morales para su aprobación definitiva.
El texto precisa de dos consultas: una sobre el artículo que fija la extensión para que un latifundio sea expropiable (asunto que quedó sin acuerdo en la Asamblea Constituyente) y otra para ratificar el proyecto de nueva Constitución en su conjunto.
A finales de febrero, el Congreso Nacional había aprobado la fecha del 4 de mayo para celebrar los referendos constitucionales, en una escandalosa sesión y con el Parlamento cercado por movimientos sociales afines a Morales, que impidieron el paso y agredieron a diputados de la oposición.
Días después, el 7 de marzo, la Corte Nacional Electoral determinó suspender estas consultas porque no se daban las condiciones legales y técnicas para celebrarlas. El Gobierno acató esta resolución y desde entonces no se ha producido decisión alguna al respecto.
No obstante, la fuerza opositora Poder Democrático y Social (Podemos, derecha) advirtió de que el revocatorio frenaría las consultas constitucionales, pues la ley sólo permite llevar a cabo un referendo nacional dentro de un período constitucional.
Dentro del ciclo de consultas autonómicas, no se descarta que las regiones de Cochabamba y Chuquisaca también decidan convocar referendos autonomistas para seguir los pasos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
