En febrero de este año, los magistrados establecieron cobros para algunos servicios, lo cual es considerado ilegal

Los abogados Roberto Argüello Hurtado y Eleonora Argüello Leiva presentaron un recurso de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber establecido cobros por algunos servicios que a criterio de los demandantes violan derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía en general.

En febrero de este año, la Corte ordenó que se cobren aranceles por algunos de los servicios que esa entidad presta a la ciudadanía en general, específicamente autenticaciones de firmas de funcionarios judiciales, abogados y notarios públicos, así como la emisión de constancias de los registros de abogados y notarios.

PARA PALIAR CRISIS

Róger Espinoza, administrador de la CSJ, explicó en ese momento que la medida se debía a que la situación financiera del Poder Judicial es caótica, porque para el año 2008 pidieron de presupuesto mil 676 millones de córdobas, pero la Asamblea les aprobó únicamente mil 144 millones de córdobas.

El acuerdo número 43 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial establece que todo ciudadano que solicite autenticaciones deberá presentar la boleta de depósito de 150 córdobas, sin perjuicio de los timbres fiscales que el solicitante debe adherir.

Las personas que soliciten constancias deberán pagar 100 córdobas. En ambos casos, los pagos deben realizarse, a nombre de la CSJ, en la cuenta número 10010306171103 del Banpro.

Los abogados Argüello, en el escrito del recurso, señalaron que en el acuerdo, que no es una resolución judicial, se legisla, una función que es propia de la Asamblea Nacional.

“No estamos de acuerdo con ese acto de imponer cobros al margen de la ley a la ciudadanía (y por ello) interponemos recurso de amparo contra el acuerdo número 43 por violar nuestros derechos y garantías consagrados en la Constitución Política que nos rige, para que se nos restituya nuestros derechos que se pretenden transgredir”, dice parte del escrito presentado por los abogados Argüello.

RECURSO ADMITIDO, PERO PAGOS CONTINÚAN

El recurso fue radicado en la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y el presidente de esa Sala, Gerardo Rodríguez, afirmó que ya fue admitido y enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte, pero no se mandó a suspender los cobros.

Los demandantes pidieron que el recurso de amparo contra el acuerdo, que fue firmado por los magistrados Manuel Martínez, Alba Luz Ramos y Edgard Navas, no sea visto por los mimos ni por todos aquellos magistrados que estén de acuerdo con los aranceles.

En su momento, el administrador de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Róger Espinoza, explicó que los cobros de autenticaciones y constancias no afectarían el principio constitucional de que la justicia es gratuita, porque no se cobrará por los servicios más usuales que brinda la Corte a la ciudadanía.

Dichos cobros no se aplican a las solicitudes de las autoridades judiciales, Policía, Defensoría Pública, Procuraduría General de la República y Fiscalía.