Una modificación en una cláusula del memorando de entendimiento técnico por parte del Gobierno nicaragüense habría enterrado las negociaciones para que el Estado adquiriese un 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa Nicaragua, filtraron fuentes del Gobierno con acceso a las discusiones sobre este tema entre la transnacional española y la administración del presidente Daniel Ortega.
Dos agencias de prensa internacional (ACAN-EFE y Europress) anunciaron que el Gobierno español habría suspendido el acuerdo entre Unión Fenosa y el Estado de Nicaragua debido a diferencias entre las partes.
Las fuentes del gobierno comentaron que la cláusula modificada es la referida a que el traspaso de las acciones de Fenosa al Gobierno sería vigente luego que la Asamblea Nacional aprobara este acuerdo como una negociación de Estado (Nicaragua) a Estado (España).
Este fue lo aprobado entre el Gobierno español, representantes de Unión Fenosa Internacional y el representante de la administración sandinista, el asesor económico Bayardo Arce Castaño el pasado 4 de abril en Madrid.
Este acuerdo sería finiquitado, más que nada por puro trámite legal, el 30 de abril pasado, por el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli y los representantes de Fenosa en el país.
Sin embargo, los representantes de Fenosa Nicaragua se habrían negado a firmar este acuerdo luego de darse cuenta que la cláusula referida a cuándo se daría el traspaso accionario, habría sido modificada.
La modificación, supuestamente hecha por el Gobierno nicaragüense, sería que el traspaso automático de las acciones de Fenosa se validaría luego de la firma entre Rappaccioli y los representantes de la distribuidora eléctrica, pero que la aprobación del resto del memorándum quedaría sujeta a una votación posterior en la Asamblea.
Esto habría sido rechazado inmediatamente por la transnacional española debido a que implicaba entregar las acciones al Gobierno nicaragüense, sin que éste contrajera a nivel de Estado a Estado los compromisos establecidos en el protocolo de entendimiento técnico.
LEY ANTIFRAUDE DE EJEMPLO
Fenosa habría advertido como el mejor ejemplo de este escenario negativo para ellos el hecho de que la Asamblea Nacional tiene dos meses de mantener engavetada la denominada Ley Antifraude debido a la crisis política provocada por el Consejo Supremo Electoral al posponer las elecciones en tres municipios de la Costa Caribe.
La principal preocupación de Fenosa en ese sentido radicaba en que los acuerdos establecían que esta empresa suspendería el reclamo del seguro por riesgo político, por más de cien millones de dólares, ante la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones (Miga por sus siglas en inglés), instancia adscrita al Banco Mundial.
Este protocolo fue abierto por la transnacional española en el 2006 aduciendo que el Estado de Nicaragua había tomado decisiones que ponían en riesgo sus operaciones en el país.
Por lo mismo, si Fenosa aceptaba la modificación hecha por Nicaragua, implicaba entregar las acciones y anular el protocolo del Miga sin que existiese una Ley de la República que estableciera que este acuerdo era de Estado a Estado, lo que implica una mayor garantía de cumplimiento para ambas partes.
SILENCIO SOBRE TEMA
David Castillo, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador de la energía, dijo desconocer la situación sobre la firma del acuerdo con Fenosa.
“Sé que había un plazo que se venció el pasado 30 de abril. Ese día se nos informó que la firma del acuerdo con Fenosa se suspendía y desde ese día para acá no hemos sabido nada sobre ese tema, ya que lo está manejando directamente el Gobierno”, respondió Castillo al consultársele luego de una reunión con la Comisión de Servicios Básicos de la Asamblea Nacional.
El gerente de Comunicación de Fenosa, Jorge Katín dijo que no se podía pronunciar sobre el tema pues la negoción se hace directamente por personeros de Unión Fenosa en España.
